Antoni Gómez, susurrando a José Ramón Bauzá. | Joan Torres

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El Parlament convalidó ayer la ley que da legalidad a los complementos médicos con los votos a favor de PP y PSOE y de los dos diputados no adscritos, Margalida Font y Antoni Pastor, y el voto en contra del PSM-IV-ExM, partido que además advirtió de que existen dudas sobre la legalidad del texto aprobado ya que implica aprobar una ley para incumplir una sentencia. El diputado del PSOE Antonio Diéguez reconoció que existen estas dudas, pero aún así su partido a favor de la ley.

«Es una injerencia del legislativo en el poder judicial y eso es inconstitucional», advirtió la diputada nacionalista Fina Santiago, que recordó que la ley que aprobó el Parlament para legalizar el Pont des Riuet en Porto Cristo fue anulada por el Parlament. Para Santiago, la sentencia del Pont des Riuet es un precedente de lo que puede pasar con los complementos médicos.

La portavoz del PP, Mabel Cabrer, afirmó que existen informes que dan validez a la ley aprobada ayer y negó que se haga para incumplir una sentencia. Aseguró que el texto, de hecho, lo que hace es dar cumplimiento a un fallo judicial que obliga al Govern a aprobar los complementos médicos en una mesa de negociación. «Lo que hace la ley es autorizar al Govern a que inicie las negociaciones», recalcó Cabrer.

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Crédito extraordinario

Además de aprobar la ley que da vía libre a los complementos médicos, en la sesión plenaria de ayer se aprobó la ley de crédito extraordinario que incrementa el Presupuesto del Govern para este año en 842 millones de euros. Con el texto aprobado ayer, los Presupuestos de 2012 recogerán los 842 millones de euros en facturas pagadas a los proveedores y el Govern asume la obligación de rendir cuentas al Parlament de forma mensual.

El texto salió adelante sólo con los votos del PP ya que el PSOE aseguró que el único propósito del Govern es hacer «ingeniería presupuestaria» para cumplir el déficit del 1,5 por ciento marcado para este año. El diputado socialista Joan Boned denunció además que la cantidad pagada a los proveedores ha sido de 743 millones de euros, por lo que no se explica qué se hará con esos 100 millones de euros de diferencia.

El diputado del PP Antoni Camps lamentó que el PSOE no apoye una ley que se aprueba precisamente porque el anterior Govern no pagó las facturas a los proveedores. «Es de justicia que quien creó el problema ayude ahora a arreglarlo», reprochó Camps a los socialistas.