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La futura ley del suelo de Balears endurecerá las sanciones por la realización de obras ilegales, pero a la vez posibilitará que los ciudadanos que quieran hacer obras menores en sus domicilios puedan comenzarlas antes de obtener la licencia.

Son dos de los aspectos más relevantes del borrador que ayer hizo público el conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, Gabriel Company. El documento, que ha sido entregado a la oposición para que haga aportaciones, puede consultarse en la página web del Govern.

Las sanciones

El conseller explicó en los pasillos del Parlament que la ley doble el importe de las multas para quien haga obras ilegales. Si se hacen en suelo urbano, la sanción será del 30 por ciento del valor del terrenos (antes era del 15 por ciento); si las obras se hacen en suelo rústico, la sanción pasa del 40 al 80 por ciento del valor del terreno.

Otra novedad sustancial es que no será necesario obtener la licencia de obras a la hora de comenzar trabajos menores. Es decir, los ciudadanos podrán iniciar las obras menores antes, pero deberán demostrar que han solicitado la licencia.

Como ya había adelantado el conseller, el proyecto de ley no abordará cuestiones relacionadas con el suelo rústico, uno de los apartados que siempre originan más polémicas por los sensible que resulta para el territorio urbanizar en terrenos protegidos.

El conseller aseguró que ya existe una ley específica que regula los usos del suelo rústico, por lo que no hace falta que el Govern aborde ahora este asunto. De hecho, antes de modificar cualquier aspecto de esta ley, el Govern ha comenzado a redactar una diagnosis de los problemas que tiene el suelo rústico, entre los que se encuentran los almacenes agrícolas, las viviendas unifamiliares o las canteras.

Oposición

Los partidos de la oposición, a quienes ya se han entregado el texto, acogieron con reservas el documento. El diputado de Més Antoni Alorda prefiere no opinar hasta que haya estudiado el documento con detenimiento. Por parte del PSIB, Jaume Carbonero calificó de «primer fascículo» el texto entregado por Company y confió en que sea cierta la voluntad de consenso expresada por el Ejecutivo de José Ramón Bauzá.