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El grupo socialista del Ayuntamiento de Valencia ha pedido personarse como acusación particular colectiva en la causa penal del caso Nóos, en lA que figuran como imputados Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, para aclarar los contratos suscritos entre la fundación Valencia Turismo y el Instituto Nóos.

El portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, ha comparecido en rueda de prensa en la sede del partido acompañado del resto de concejales de su grupo tras haber acudido al notario para rubricar la preceptiva concesión de poderes para solicitar la personación.

El juez instructor del caso Nóos, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma, José Castro, deberá decidir si acepta la petición del PSPV-PSOE de personarse como acusación particular colectiva o de forma subsidiaria como acusación popular, tal y como se ha pedido.

Los socialistas sostienen que la Fundación Turismo Valencia, que suscribió con el Instituto Nóos diversos convenios para la celebración del congreso deportivo Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006, está participada por el Ayuntamiento de Valencia, que no se ha personado en el caso Nóos porque el equipo de gobierno municipal afirma que es una fundación privada.

La Generalitat y la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), que también suscribieron acuerdos con el Instituto Nóos, ya anunciaron su personación civil en la causa.

«Tenemos la obligación de defender los intereses de los valencianos que han sufrido quebranto en sus recursos como consecuencia de operaciones que el juez ha señalado como irregulares», ha apuntado Calabuig.

El portavoz socialista ha recordado que los grupos de la oposición han reclamado la personación del Ayuntamiento en la causa y que «ante la reiterada negativa a personarse e investigar» el PSPV está «en la obligación de hacerlo».

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A su juicio, «el PSPV es el grupo que con más rotundidad política y judicial está luchando contra la corrupción, lejos del espectáculo, con la intención de restituir los recursos sustraídos de las arcas públicas».

Preguntado por la posible imputación del expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha respondido que el juez «ha considerado imprescindible el concurso de la administración para la comisión de los delitos investigados», y ha anunciado que el grupo se sumará «a las acusaciones que corresponda sin perseguir a nadie».

«No nos interesa el futuro político de la alcaldesa, a quien los ciudadanos señalarán el camino de salida, sino la defensa de los ciudadanos», ha agregado.

Calabuig considera una evidencia que la Fundación Turismo Valencia es una entidad de carácter público y municipal, como a su juicio lo prueba el hecho de que su financiación procede casi en su totalidad de las arcas públicas, que la «controla y dirige» el Gobierno local y que el vicealcalde, Alfonso Grau, está al frente de la misma.

También el Tribunal de Cuentas la considera parte del sector público en sus informes anuales, según el portavoz socialista, y por todo ello «debería haberse sometido a la ley de contratos de la administración pública en todas sus actuaciones».

La personación del grupo socialista la ostentarían los concejales a título personal en el caso de que el proceso se prolongue más allá de la legislatura y no renueven su acta de concejal, ha explicado Calabuig.

Sobre el posible coste económico al que deberá hacer frente el grupo socialista en este proceso, su portavoz ha explicado: «Llegaremos hasta donde nos sea posible» y ha reconocido que la posible solicitud de una fianza elevada por parte del juez para su personación podría ser «un gran condicionante».