Imagen de archivo de una asamblea de docentes celebrada a lo largo del curso. | M. Joy

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La Assemblea de Docents ya tiene contabilizados 53 centros (34 institutos y 18 colegios públicos) en los que el claustro de profesores ha votado en contra de la modificación del proyecto lingüístico que deben presentar los centros para adaptarse a los cambios que introduce la orden del TIL, pero la cifra aumenta día a día.

Los docentes, que se reunieron el martes en asamblea, denuncian además presiones desde la Conselleria d'Educació para que los centros aprueben este proyecto lingüístico. Así, por ejemplo, afirman que desde Inspección se ha hecho llegar a algunos centros un documento en el que -en base a un informe del Departamento Jurídico- se recuerda que los miembros del claustro, como funcionarios que son, no se pueden abstener, «para justificarlo se remite al artículo 24.c de la Ley 30/1992, pero este artículo ha sido anulado por el Tribunal Constitucional», recuerda la Assemblea.

También se indica en ese documento que la votación no puede ser secreta porque no afecta al honor, intimidad, propia imagen ni es votación electoral (se remite al artículo 18 de la Constitución), pero, de nuevo, los docentes alegan que aunque Educació quiera saber quién vota no, «en la legislación no hay nada que impida que el claustro, si así lo decide, no pueda hacer una votación secreta».

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En algunos centros, alerta la Assemblea, lo que está ocurriendo es que son los propios directores los que están tratando de controlar el sentido del voto e, incluso, de impedir que el nuevo proyecto sea sometido a la votación del claustro, por lo que instan a «denunciar todas las actuaciones que no respeten los procedimientos democráticos».

Mientras, los directores e inspectores han remitido a los centros un comunicado informativo conjunto para combatir el caos y las dudas que el proceso ha generado. En esta nota se deja bien claro, por ejemplo que «en el acta de votación no tienen por qué aparecer los nombres ni el sentido del voto».

Por todo, los docentes resaltan la «sintonía» entre la actuación que propone la Assemblea y la información legal que han aportado directores e inspectores.