Imagen de un aula durante la huelga de la enseñanza iniciada a principios del curso 2013-2014. | Jaume Morey

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Fapa Mallorca denuncia que desde que se cerró el proceso de admisión de alumnos del curso 2014-2015 «se han multiplicado las quejas que nos llegan formuladas por familias que se ven obligadas a llevar a sus hijos a escuelas concertadas». Este hecho, según se explica en la web de la Federació, «se produce como consecuencia de los recortes que han provocado falta de plazas en los centros públicos de algunos municipios y porque desde la Conselleria d´Educació no han tenido mejor idea que 'resolver' este problema derivando estos alumnos a centros concertados».

Inca, Manacor, Porreres o Esporles son algunos de los municipios en los que, según Fapa, muchas familias no han obtenido plaza en los centros públicos en los que han solicitado entrar a causa de la eliminación de líneas de enseñanza, tanto en los colegios de Infantil y Primaria como en los institutos de Secundaria.

«Esta situación -añade el escrito-, que se arrastra desde hace dos años con los recortes de docentes y el incremento de ratios, se ha vuelto insostenible en muchos centros, donde disponen de espacio pero en los que, a pesar de todo, la Conselleria no quiere desdoblar grupos para que se pueda aceptar a todos aquellos alumnos que no han obtenido plaza».

Ante estos hechos, desde la Federación de padres y madres de alumnos se preguntan «dónde queda la libre elección de centro que tanto pregonaba el PP en su programa electoral». Y se añade: «Parece ser que el Govern de Bauzá sólo atiende las demandas de grupos que no se sabe exactamente a quién representan, tergiversando su programa electoral y dejando desatendidas las peticiones de toda la sociedad que está reclamando una educación pública y de calidad».

Dinero para el Opus

Más aún, se denuncia que Educació «actúa con intencionalidad porque no da respuesta a las familias con la excusa de la falta de recursos y maquilla la situación con buenas palabras. Pero la realidad es otra y cuando interesa pronto se encuentran los recursos, como nos han demostrado muy claramente con el reciente concierto de un centro de Primaria que segrega por sexo, vinculado a la institución ultracatólica Opus Dei, y que supone unos 500.000 euros de los contribuyentes».