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La defensa de la infanta Cristina recurrirá ante la Audiencia de Palma la decisión del juez José Castro de enviarla a juicio porque, aunque es firme, su argumentación va más allá de lo que sería un auto propio de apertura de juicio oral, ha anunciado el abogado Miquel Roca.

En declaraciones a los periodistas a las puertas de su despacho, Roca ha anunciado que recurrirá el auto de José Castro, en lo referente a su argumentación sobre la «legitimidad» de la acusación popular para enviar a juicio a la infanta Cristina en contra de la opinión de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Para Roca, aunque el auto de Castro es firme, sí puede ser recurrible su argumentación para sentar a la infanta en el banquillo, por lo que la defensa pedirá a la Audiencia de Palma que aplique la llamada «doctrina Botín» del Tribunal Supremo, que establece que la acusación popular no está legitimada a enviar a juicio a un imputado por delito fiscal contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Roca ha indicado que discrepa «totalmente» de la resolución del juez Castro, ya que cree que contradice la «doctrina Botín», que ve «muy establecida y muy consolidada».

El abogado de la infanta ha alegado que el propio juez Castro ha tenido que acogerse en su resolución «a los votos particulares que no resultaron ganadores en la sentencia (del Supremo) que generó doctrina» en el «caso Botín».

Roca ha anunciado que interpondrán un recurso porque entienden que el escrito de Castro no es un «simple» auto de apertura de juicio oral, sino que, de forma «novedosa y excepcional en la historia judicial española», resuelve cuestiones de «legitimación» sobre si la acusación popular está capacitada para instar a un procedimiento por delito fiscal con la oposición de la Abogacía del Estado y la Fiscalía.

«Lógicamente, resolver con la excusa de la apertura de juicio oral un tema tan importante como el de la legitimación, obviamente estoy seguro de que nadie discutirá el derecho que corresponde a esta representación para formular un recurso de apelación, cosa que vamos a hacer dentro del plazo previsto», ha indicado Roca.

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El letrado ha reconocido que no cabe recurso sobre un auto de apertura de juicio oral, pero ha remarcado que cuando en este escrito «se aprovecha» para resolver «cuestiones de legitimación de una parte de la acusación popular» queda justificada la interposición de un recurso.

Por este motivo, se ha mostrado confiado en que su recurso será aceptado y no se generará en este caso «ningún tipo de indefensión» para la infanta.

El abogado de doña Cristina ha indicado que se trata de una «situación grave, sorprendente y excepcional» y ha apuntado que doña Cristina ha encajado la resolución de Castro «evidentemente mal: «Lógicamente se encuentra tan sorprendida como nosotros».

Roca ha insistido en defender la «plena inocencia» de doña Cristina y ha confiado que no se acabe sentando en el banquillo de los acusados si se acepta su recurso, se aplica la ley y se respeta la doctrina jurisprudencial.

«Sólo pedimos que se aplique la ley y se respete la doctrina jurisprudencial. No pedimos nada más, no pedimos ningún trato excepcional ni de favor», ha exclamado.

Roca ha denunciado además que le parece «no únicamente sorprendente, sino incómodo» comprobar que la resolución del juez Castro ha sido conocida antes por los medios de comunicación que por las partes, incluso antes de que fuera dictada, «con lo cual el ámbito de los responsables de la posible filtración se limita mucho».

Por su parte, el penalista Jesús Silva, que defiende a la infanta junto a Roca, ha lamentado que el juez Castro haya dictado su resolución «contra el tenor literal de la ley y contra la jurisprudencia clara del Supremo».

Silva ha lamentado que Castro considere que la acusación popular ejercida por el sindicato Manos Limpias esté legitimada para enviar por si sola a juicio a la infanta, pese a que se trata, ha dicho, de «una asociación de la que no sabemos mucho, dicho sea de paso».