Patricia Gómez, durante una intervención en el pleno del Parlament balear en septiembre. | Joan Torres

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La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha asegurado este martes que «el principal obstáculo para el desarrollo de la carrera profesional» en Baleares son los «recortes del PP y las políticas del Gobierno» de Mariano Rajoy.

Durante una interpelación parlamentaria, Gómez ha reconocido que «habrá una congelación de los acuerdos fruto de una negociación», lo que les «obliga a aplicar esta suspensión», si bien ha incidido en que fue el PP el que acordó el pago de la carrera profesional a dos meses de las elecciones autonómicas y sin haber incorporado «ni un euro» al presupuesto.

«El PP utiliza a los trabajadores públicos como moneda de cambio electoral», ha considerado la consellera, quien también ha admitido que, pese a que el Govern actual puede quedar como «el malo de la película», «no es así».

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Según ha recordado, fueron los 'populares' quienes «en un acto de irresponsabilidad extrema» el anterior Govern acordó esto «sin aportar ni un euro al capítulo de personal y sobre un presupuesto» que no bastará «ni para pagar las nóminas de los últimos meses del año».

«Es fácil invitar y que paguen otros», ha lamentado la consellera, quien también ha asegurado que la suspensión ha sido una «decisión complicada que nos hubiera gustado no adoptar», ha declarado Gómez, quien ha pedido un voto de confianza a los profesionales y sindicatos porque «el Govern no se puede responsabilizar de los compromisos irresponsables» de la pasada legislatura teniendo en cuenta los 177 millones de euros de déficit encontrados.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos, Olga Ballester, quien ha explicado que «la carrera profesional no es un plus, sino un reconocimiento público del desarrollo alcanzado» por estos trabajadores en cuanto a conocimientos, investigación o experiencia, ha criticado que el Govern de Francina Armengol haya incumplido este «acuerdo pactado entre sindicatos y Govern» y que, además, lleve a cabo un «discurso demagógico para dividir a la sociedad».

Además, ha considerado que los sindicatos plantearon a la administración «una propuesta más que sensata» y ha reprochado all Govern que «ni valorase» esto. También ha añadido que esta situación «crea un precedente de inseguridad jurídica» para los trabajadores.