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La asociación de docentes «PLIS, educación por favor» ha acusado al Govern de pretender «blindar, torciendo el ordenamiento jurídico, un decreto de mínimos que está fuera de ley» con el decreto sobre enseñanza de materias no lingüísticas en lenguas extranjeras.

El borrador de decreto «fuerza la ley en el preámbulo y en el artículo 2» para «dar apariencia de legalidad a un decreto de mínimos que en sus aspectos centrales contradice no sólo la LOMCE sino también artículos de la LOE no modificados por la LOMCE», según indica PLIS en un comunicado.

La entidad ha criticado que dicho borrador diga que las legislaciones estatal y comunitaria son «directrices» que se han de entender en el marco de la legislación autonómica, cuando la normativa regional debe atender al marco de la legislación estatal y comunitaria.

Añade que no se puede calificar de «directriz» estatal una ley orgánica como la LOMCE y detalla que el decreto de mínimos es incompatible con la disposición adicional trigésimo octava de dicha norma nacional que obliga a reconocer el castellano como lengua vehicular, a garantizar su enseñanza como lengua vehicular de forma equilibrada con la lengua autonómica y, en caso de existencia de centros con inmersión en catalán, establecer alternativas en castellano.

PLIS explica además que la LOMCE, en su artículo 127, retira al Consejo Escolar la competencia de aprobar o fijar requisitos para proyectos educativos, con lo que «deja sin efecto la médula del decreto de mínimos, que consiste precisamente en la aprobación del proyecto lingüístico por el Consejo Escolar».

La asociación de profesores insiste en que el Govern ha decidido «cometer una ilegalidad» al introducir, en el actual borrador del decreto de lenguas el requisito preceptivo de «valoración positiva» del Consejo Escolar y al adjudicar al claustro de profesores la fijación de criterios pedagógicos de los proyectos lingüísticos, cuando desde la LOE no se contempla esta competencia para los claustros, sino la de la concreción curricular.

La entidad ha emplazado al Govern a realizar las reformas legislativas necesarias para disponer de seguridad jurídica y ha pedido «un decreto de lenguas en la enseñanza nuevo que sustituya o modifique sustancialmente el actual decreto de mínimos» ya que considera imposible que el Consell Consultiu dé el visto bueno con la actual redacción.