La Audiencia de Palma juzgará a partir del lunes a la expresidenta del Consell de Mallorca y de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, y a parte de la cúpula del partido por el presunto desvío de unos 436.000 euros de fondos públicos para beneficiar a la formación regionalista.
Además de Munar están acusados el exvicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal; y los exconsellers de Presidencia, Economía y Hacienda y de Cooperación Local, Francesc Buils, Miquel Àngel Flaquer y Catalina Julve, respectivamente, así como otros exaltos cargos de la institución insular, que serán juzgados por la sección segunda de la Audiencia de Palma.
En total son 18 acusados, 15 de ellos miembros de UM, algunos destacados dirigentes del partido, y la Fiscalía Anticorrupción pide para ellos penas que suman 95 años de prisión y multas de 198.000 euros, por presunta asociación ilícita y por supuestos delitos continuados de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
En esta pieza numero 13 del caso Voltor, el ministerio público además reclama que abonen como responsables civiles 436.752 euros al Consorcio de Informática Local (Cilma) y también incluye al partido UM como responsable civil.
Según la Fiscalía, Munar, Buils, Flaquer y Nadal se pusieron de acuerdo para obtener beneficios económicos para su partido e idearon y ejecutaron «actuaciones con la finalidad de sustraer importantes cantidades de fondos públicos de los que tenían poder de disposición en razón de sus cargos».
Se dedicaron a «camuflar» a varias personas en proyectos públicos del Cilma, contratados como trabajadores de dicho consorcio pero que en realidad se dedicaron a «realizar tareas de captación del voto, proselitismo y difusión del programa del partido político UM» para las elecciones autonómicas de 2007.
En total desviaron 436.752 euros de fondos públicos «para beneficio privado de UM», según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, que considera que esas maniobras también reportaron «beneficio particular y personal» a quienes las planearon porque reforzaron su posición en el partido y «crecía su poder e influencia entre los militantes».
Crearon una estructura jerárquica organizada para derivar los fondos públicos, en cuya cúspide se situaba Munar, «estableciendo las líneas maestras de funcionamiento de dicho grupo delictivo, impartiendo las correspondientes instrucciones a sus subordinados».
En el escalón inmediatamente subordinado se situaban Buils, Flaquer y Nadal, quienes desde sus cargos hicieron posibles las decisiones administrativas que sirvieron de «pantalla» para enmascarar el desvío de fondos públicos.
Las secretarias de la Vicepresidencia del Consell Eugenia Cañellas y Antònia Vidal individualizaban a qué persona afín al partido se adscribía para cada proyecto, determinaban el tiempo de contrato así como las condiciones económicas. Según el fiscal, Nadal, Cañellas y Vidal actuaban «como una auténtica oficina de colocación».
El gerente de Cilma Eugenio Losada y la técnico Susana Mas los incorporaban a consorcio siguiendo instrucciones.
También la responsable de Emergencias del Consell, María José Rodríguez, y los directores insulares Josep Lliteres y Mateo Cañellas decidían dónde debía figurar cada trabajador y qué debían hacer para el partido, según la Fiscalía. La consellera Julve diseñó un proyecto para enmascarar a trabajadores.
También están acusados por estos hechos el director insular de Hacienda y Presupuestos, Antonio Segura; la secretaria de Presidencia, Maria Esperanza Massanet; la de Cooperación Local, Coloma Castañer; el jefe de la zona del Secar de la Real de UM, Pedro Mir; el secretario técnico de vicepresidencia, Antonio Moragues y otro miembro de UM Lucas Colom.
Los fondos públicos se desviaron en tres proyectos diferentes del Cilma, que fueron Infomallorca para el departamento insular de Turismo, Mallorcadigital para la Vicepresidencia del Consell y EIEL para el área de Cooperación Local, en los que los implicados usaron además tanto los locales y ordenadores del Consell de Mallorca como de UM.
La Fiscalía pide la pena mayor para Munar, con 8 años de prisión, seguida de Buils, Flaquer y Nadal para quienes la Fiscalía solicita 7,5 años de cárcel. Para todos ellos pide además una multa de 27.000 euros.
Munar está actualmente en prisión cumpliendo una pena de 11,5 años de cárcel por condenas en los casos Maquillaje y Can Domenge. También Nadal y Buils cumplen penas de cárcel por otras condenas.
La Fiscalía ha tenido en cuenta la circunstancia atenuante de confesión por parte de dos arrepentidos que colaboraron en el esclarecimiento de los hechos relatando lo ocurrido y aportando documentación, Eugenio Losada y Eugenia Cañellas.
2 comentarios
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