Vista general del edificio de GESA. | Teresa Ayuga

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La Audiencia Provincial fija en 44,8 millones de euros los intereses legales que Endesa tendrá que pagar a Núñez y Navarro (ahora Joel S.L.) por la fallida operación de venta de la parcela del edificio de GESA.

La eléctrica había recurrido esa cuantía y fijaba la cantidad en 35 millones. De esta manera, el total que recibirá Joel por anular la compra del inmueble, que se llevó a cabo en 2005, es de 131 millones de euros. Ese año, la constructora adquirió la finca en la que está el edificio. Cort tenía entonces un proyecto de urbanización para la zona y la finca se vendió en 85 millones de euros. En abril de 2007, el Consell Insular declaró bien de interés cultural el edificio. Esta decisión impedía desarrollar la urbanización tal y como preveía Núñez y Navarro cuando compraron la finca al impedir que se demoliera el edificio.

A partir de esa decisión de iniciaron varios procedimientos judiciales. Uno para intentar revocar la protección del inmueble, algo que los tribunales rechazaron y otro para deshacer la operación de compra. Ahí Josel S. L. consiguió que el Tribunal Supremo le diera la razón. Una sentencia de junio de 2014 señalaba que la no demolición del inmueble suponía que el contrato por el que se vendió la finca no se había cumplido. Por lo tanto, ordenaba la devolución de la finca y del dinero. La sentencia señalaba que era necesario hacer una nueva parcelación de la finca y que esta operación perjudicaba al comprador.

Como la propiedad ya había pasado a Cort, que la permutó con Núñez y Navarro en 2013 por otra finca, la operación se centraba en el dinero. Legalmente, además, la cuantía que tenía que percibir el comprador de la finca tenía que ser corregida con una serie de intereses que compensaran el tiempo pasado tras la operación. Endesa y Joel volvieron a acudir a los tribunales a la hora de ejecutar la sentencia. La discrepancia entre ambas estaba en desde cuándo tenía que pagar intereses la eléctrica a la constructora. El cálculo de cada una de las empresas se alejaba unos diez millones de euros. La Audiencia da la razón a Núñez y Navarro.