El Govern trabaja con las entidades sociales para cambiar los criterios actuales de acceso a una vivienda social. | Gemma Andreu

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El Govern ya ha revisado 40 contratos de alquiler del Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) para intentar frenar la morosidad de los inquilinos y, al mismo tiempo, garantizar que las personas con menos recursos no pierdan la vivienda. Hasta hace poco las rentas oscilaban entre los 127 y los 420 euros mensuales, un coste que va a cambiar ya que la actual Conselleria de Territori va adecuar las rentas a los ingresos de los inquilinos. De los expedientes que se han estudiado, sólo diez inquilinos no han conseguido una rebaja. Esta adecuación se realiza siempre de acuerdo con los informes de los Servicios Sociales.

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En comparecencia parlamentaria, el conseller de Territori, Marc Pons, explicó que su departamento trabaja en las líneas estratégicas por las que se propondrían ésta y otras medidas a los adjudicatarios que deban hasta tres meses de alquiler. A partir de cuatro meses, se instaría al arrendatario a liquidar la deuda o concertar en un plazo de diez días una cita con su trabajador social para atender el caso de forma individualizada. No se descarta que se obligue a algunos propietarios a abandonar la vivienda por impago, una medida que se paralizó en 2012.

La deuda de los inquilinos con el Ibavi es superior a los 4 millones de euros y el 53 % de los arrendatarios mantiene alguna deuda con la Administración. El 16 % del total tienen pendientes de pagar más de 20 recibos y fuentes del Ibavi sostienen que las personas que acumulan más deudas «son las que tienen menos dificultades para pagar, porque así se ha comprobado».