De acuerdo con los datos de este organismo, desde que se adoptó la solución de crear juzgados específicos para las cláusulas suelo y otras condiciones de las hipotecas, a finales de 2017, en Baleares se han presentado 7.982 de estas reclamaciones. Por ahora hay resueltos 2.468 asuntos. Las más de 5.500 que quedan pendientes de resolver suscitan el problema. El año pasado se pusieron 1.531 sentencias por lo que los medios actuales plantean una difícil digestión de estos asuntos que también amenazan a la Audiencia.
En Baleares además se produce un fenómeno que no se da en otras autonomías. El ritmo de entradas de demandas no afloja, de hecho sube mes a mes. En el último trimestre que recogen los datos del Consejo General, el cuarto de 2018, se registraron 1.596, la cifra más alta contabilizada. En paralelo, la otra vía de desahogo que se preveía cuando se pusieron en marcha estos juzgados, que los bancos se allanaran a las demandas, no se produce.
La mayoría de entidades mantienen abiertos los procesos y, muchas, los elevan en recurso ante la Audiencia Provincial. A pesar de que la mayoría de las cuestiones que se reclaman, como los gastos de constitución de las hipotecas, las cláusulas suelo o techo y otros puntos, ya tienen criterios bastante asentados, otros están pendientes de resolución. El más importante que queda pendiente es el que tiene que ver con el IRPH, el indicador alternativo al Euríbor que emplearon algunas entidades y cuya legalidad está a la espera de lo que decidan los tribunales de justicia europeos.
El Consejo fija para cada juez dedicado a resolver estas demandas una carga de trabajo de 120 sentencias mensuales. Este criterio lleva a que se señalen juicios de manera intensiva cada día en los juzgados de sa Gerreria, con apenas cinco minutos de intervalo.
Los abogados que intervienen en muchas de ellas han detectado que se señalan asuntos ya para el año que viene o jornadas en las que se celebran decenas de vistas en el mismo juzgado.
El problema ahora se centra en la falta de jueces. El juzgado comenzó a funcionar como un juzgado ‘bis’ a cuyo frente había un juez en prácticas. El número de asuntos ha llevado a un progresivo refuerzo y a que en la práctica funcionen dos órganos dedicados de forma exclusiva para estos asuntos para toda Mallorca.
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Es una vergüenza un engaño que se ha convertido en algo civil, con lo que se ha protegido a la banca, usureros, prestamistas y otros carroñeros delincuentes económicos que se van de rositas y con el dinero estafado a los ciudadanos que son engañados. Los políticos son los verdaderos culpables de esta situación por que las leyes protegen estas prácticas, con usuarios o empresarios. Esto se podia cortar con sanciones más duras y inhabilitan a cargos de empresas para toda la vida para dirigir empresas. Creo que todos nos equivocamos, pero esto no es una equivocación sino una estafa y una apropiación indebida diaria que se consiente y se acepta por los poderes públicos. Con leyes transparentes y claras todo esto se evitaría, pero hay demasiados intereses de los poderosos y otros que se benefician de estos actos