Un concurso de amarres y servicios en el puerto de Maó está bajo sospecha en la investigación judicial. | Josep Bagur Gomila

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El expresidente de la Autoritat Portuària de Baleares (APB), Juan Gual, y los otros once investigados por la adjudicación de un concurso en el puerto de Maó comparecerán ante la juez entre el cuatro y el seis de octubre. La magistrada encargada de la causa, Martina Mora, ha fijado el calendario para la instrucción después de levantar el secreto de una de las primeras piezas del caso. Con todo, permanece bajo secreto el grueso de las actuaciones, sobre todo las que afectan a la adjudicación de amarres en Eivissa y Formentera y que forman al menos otras tres piezas separadas de la causa.

Las diligencias arrancarán a finales de este mes de julio con la comparecencia de 18 testigos, entre ellos varios antiguos miembros del consejo de administración de la APB. En esa ronda también se encuentran los responsables de las empresas que se presentaron al concurso de Maó que se investiga y que perdieron frente a la unión de varias empresas menorquinas bajo la denominación Marina Asmen. Entre los testigos también hay directivos de la patronal de la pequeña empresa de Menorca, cuyo presidente, Justo Saura, es uno de los investigados.

Una de las claves de los interrogatorios será esclarecer el móvil del supuesto amaño. La magistrada alude en su auto a un acuerdo con «algunas autoridades políticas de Menorca» para que fueran empresas de la Isla las adjudicatarias, como finalmente ocurrió. Los informes de la Guardia Civil que respaldan la investigación apuntan a una llamada para interesarse por este concurso por parte de la exalcaldesa de Maó, Conxa Juanola, del partido Ara Maó. Ese contacto con la cúpula de la APB coincide con las fechas de la adjudicación. Otros encuentros como la reunión que refleja el informe entre Gual y la presidenta del Govern, Francina Armengol, son de 2019, más de un año después de que se hubiera adjudicado el concurso, que se resolvió a mediados de 2018. Por el momento serían otros los altos cargos los que corren riesgo de ser imputados.

Un concurso de amarres y servicios en el puerto de Maó está bajo sospecha en la investigación judicial.

Armengol da un contenido institucional a la reunión que refleja la Guardia Civil

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, aseguró ayer sobre su reunión con Gual que, como líder del ejecutivo autonómico, «tiene la responsabilidad de trabajar lealmente con todas las instituciones». Ese encuentro, que se menciona en un informe, responde, según la presidenta, a «reuniones cotidianas con los responsables de diferentes instituciones». «Si los puertos son importantes para las comunidades marinas, lo son especialmente para Balears, dado que son enclaves estratégicos desde un punto de vista económico y social», señaló, e insistió en que su «responsabilidad» es «trabajar en proyectos de esta comunidad».