Una de las víctimas, tras la vista previa celebrada en 2021. | Redacción Local

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Quince años a la espera de juicio. Las víctimas de una estafa inmobiliaria en Mallorca, cometida en el año 2005, están indignadas porque aún no tienen fecha para que el asunto sea juzgado. El juicio tenía que empezar hoy en la Audiencia Provincial. Estaba señalado para toda la semana. Sin embargo, el pasado día 28 se les comunicó la suspensión de la vista por el cese de la juez sustituta que tenía que ser la ponente. Por razones organizativas, el tribunal informaba de que no podía celebrarlo y dejaba a las partes a expensas de una nueva fecha.

La hija de una de las víctimas, Vanessa Dolç, muestra su enfado por la decisión. El asunto llegó a la Audiencia Provincial en 2020 y se celebró una vista a prevención en marzo de 2021. Entonces se señaló el juicio para noviembre pero se suspendió por problemas de agenda de uno de los abogados. «Ahora tenemos que volver a esperar, hasta cuándo. Ya han fallecido dos de las víctimas», señala. El problema es que si no hay fecha antes de junio, es muy complicado que se celebre la vista. Entonces está previsto que arranque el macrojuicio del ‘caso Cursach’ que interferiría con las sesiones. Fuentes de la Audiencia admiten que ha habido problemas con este señalamiento ante el cambio de ponente y esperan señalarlo lo antes posible.

En el banquillo se sentarán tres acusados para los que la Fiscalía reclama penas de hasta siete años de cárcel. Los tres principales acusados administraban una empresa, Espigol Bach S. A., que se dedicaba a explotar unos apartamentos turísticos en Can Picafort. El edifico no podía convertirse en uso residencial, según la normativa. Hicieron obras para convertirlos en viviendas, una división horizontal de la finca y pudieron inscribirla en el registro de la propiedad. A partir de ahí, comercializaron los pisos, con una promoción agresiva: precios reducidos, facilidades en la financiación o descuentos. Vendieron siete viviendas por encima de los los 170.000 euros. Ahora se encuentran con viviendas que no tienen cédulas de habitabilidad. La instrucción en Inca ya acumuló más de doce años de retrasos.