Salvo que un acuerdo de último momento lo impida, esta mañana arrancará en la Audiencia el juicio del ‘caso Peaje’, un auténtico fósil procesal de los años de mayor actividad de la Fiscalía Anticorrupción del que se ocupará un jurado popular. La investigación arrancó en el año 2009 ante las sospechas de que, en paralelo a las obras de desdoblamiento de la carretera, se habían llevado a cabo otras obras para favorecer a una serie de funcionarios. La calificación de la Fiscalía, que se redactó hace más de siete años, sostiene, además, que existe un sobrecoste millonario en el desdoblamiento y reclamaba penas que suman 154 años de cárcel para los trece acusados, entre otros, los ex altos cargos insulares de Carreteras Antoni Pascual, Gonzalo Aguiar y Francisco Orejudo, además de empresarios.
El enorme retraso de la causa, paralizada en parte por seguir un procedimiento de jurado y más tarde porque la Audiencia carecía de un espacio para celebrar el juicio, allana un posible acuerdo. Esas dilaciones asegurarían una enorme rebaja de pena a los acusados aún en el peor de los casos de que se celebrara el juicio. También hay dudas sobre el encaje de algunos de los delitos que implican más pena, como el de malversación.
Así, el principal escollo desde hace años para un acuerdo es económico. La Fiscalía y el Consell sostenían en sus calificaciones iniciales que la empresa concesionaria invirtió cerca de cuarenta millones menos en la construcción. Esa cifra está sustentada en el informe de un perito que ha sido recusado de cara al inicio del juicio por las defensas. Una investigación apunta a graves errores en su informe, al uso de datos manipulados y a que él mismo contrató a la empresa del entonces director general de Carreteras, Ernesto Santamaría, la misma persona que había comprometido al Consell a abonar los 200.000 euros que costó en origen la pericial. Esa recusación ha sido rechazada inicialmente por la magistrada que presidirá el juicio, aunque volverá a plantearse en las sesiones.
La discrepancia entre ese informe y los de la empresa constructora mantienen hasta ahora el caso sin acuerdo. Además, la concesionaria tiene abiertos otros cuatro procedimientos judiciales contra el Consell Insular de Mallorca.
El apunte
El estreno de la nueva sala de macrojuicios
5 comentarios
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Y yo me pregunto. Para cuando la fiscalía se pondrá a investigar a todos aquellos/as que estando en el paro y cobrando ayudas hacen fraude a la administración pública trabajando en B y obteniendo ingresos extras sin declarar y pasar como personas vulnerables cuando no lo son? Si sumamos en esta isla hay muchos y la cifra sería escandalosa si le sumáramos de toda España. Es un tema que nunca se ha mirado ni investigado y no sé por que!!! Cómo se creen que pagan los gastos todos estos temporeros así como está el nivel de vida y el precio de todo? Con solo una nómina de 1000€ durante 5 meses al año? Por favor....
Que vayan a la cárcel, si son declarados culpables y espero que no salpique a la Señora Munar, que esta SI pagó bien, para mí demasiado, comparado con otros de más poder.
Tret que sigui una dilació "interessada i premeditada" no té explicació, no sols falla la Justícia, fallen estrepitosament els seus treballadors, no ho oblidem encara que ells se sentin privilegiats, PÚBLICS. Aquí NO han fet el seu treball, i això hauria de tenir conseqüències... A l'empresa privada per descomptat seria l'acomiadament fulminant, el que no treballa a casa. Vergonya és el mínim que hauria de sentir el col·lectiu davant una instrucció, no instruïda, com aquesta.
Es una verdadera vergüenza. Poco de justicia puede tener que en 2022 se juzguen unos hechos que sucedieron en 2006. El fosil no es el caso sino más bien a institución de la Justicia. Los politivis son los únicos interesados en que funcione de esta forma.
Vaya pais