Mercedes Garrido

Mercedes Garrido, diputada del PSIB en el Parlament. | Jaume Morey

Nekane DomblásPalma20/07/23 13:52
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La diputada del PSIB Mercedes Garrido ha negado totalmente las acusaciones lanzadas por el Govern en relación a la compra de los 88 pisos a la empresa Metrovacesa y ha dicho que estudiarán todos los pasos que da el Govern para dar marcha atrás a una operación que solo estaba pendiente de la firma ante notario, que se suspendió porque un juez, a petición de la empresa y sin siquiera pedir la opinión del Ejecutivo, adoptó medidas cautelares. «Esta operación se hizo cuando el Govern estaba en plenas funciones; que no confundan a la gente con una operación de trilerismo», ha dicho.

«Que vayan a la Fiscalía si creen que tiene que hacerlo, pero estamos totalmente tranquilos porque el expediente es correcto y no tiene problemas», ha precisado. «Lo llevan a Fiscalía porque no quieren que se hable de lo importante, de que el PP no quiere que haya vivienda pública en esta comunidad y por eso devuelve 88 pisos que tenían que ser propiedad de todas las familias de esta comunidad y que tenían que servir para controlar el precio del alquiler», ha opinado.

«No había ningún informe desfavorable cuando nos fuimos del Govern y decir eso es falso», ha dicho. Ha señalado que había informes que avalaban la operación desde el punto de vista presupuestario «y estoy convencida de que la administración no avala una operación si no está el expediente completo». Garrido ha recordado que la ley de vivienda que establece la compra por tanteo y retracto es perfectamente conocida por Metrovacesa, que comunicó su voluntad de vender las viviendas a un fondo buitre, lo que dio pie a ejercer el derecho de tanteo y retracto. Ha negado, en consecuencia que haya posibilidad de reclamar indemnizaciones.

«El PP vuelve a atacar la vivienda pública porque nunca ha creído en ella; quieren la vivienda como un bien de mercado y hoy hemos visto que hacen lo que hace siempre que es ir en contra de la vivienda pública», ha dicho. «Mantendremos la exigencia de que estas viviendas pasen a ser propiedad de todos los ciudadanos de estas Islas», ha insistido.

«Esta legislatura comienza con un balance de 88 viviendas públicas menos», ha lamentado. Garrido ha negado las manifestaciones de la consellera d'Habitatge, Marta Vidal, y del vicepresident del Govern, Antoni Costa, de que la operación se realizó sin ningún tipo de informe. «Todo el expediente se tramitó con todos los informes preceptivos», ha recalcado.

«Hay unas empresas poderosas que no quieren que la administración compre para destinarlo a vivienda pública», ha añadido. Ha recalcado que Metrovacesa prefiere vender a un fondo de inversión que al Govern y además ha asegurado que eso se une a un Govern que dejará de ingresar «más de 100 millones de euros» para hacer vivienda. «Ya sabemos de dónde sacarán una parte de esos 100 millones de la derogación del impuesto de sucesiones: de la vivienda pública».

Garrido ha lamentado la vuelta al pasado de un PP «que perjudica a la clase media y trabajadora». La diputada socialista considera muy grave que el nuevo Ejecutivo renuncie a una operación «que frenaba la especulación y la subida del precio de la vivienda en esta zona de Palma». Ha denunciado que no habrá pisos a un precio de alquiler limitado al 30 % de los ingresos, sino que se pasarán a precio libre.

«El PP busca excusas para acabar con una operación avalada por la ley de vivienda, con informes técnicos y jurídicos de la Conselleria y del Ibavi», ha dicho. «Vuelve el mismo PP de siempre, el que favorece la especulación y a los fondos buitre y no a las familias de esta tierra», ha destacado.