El Ministerio de Política Territorial ha alcanzado en septiembre un acuerdo por el que el Govern derogará el llamado canon de vertidos e incineración que gravaba a los ayuntamientos que no hicieran recogida selectiva de la materia orgánica para beneficiar a los que sí lo hicieran.
El acuerdo alcanzado en la comisión bilateral de cooperación de la Administración General del Estado y la comunidad autónoma de las Illes Balears, establece que el Govern balear se compromete a promover la derogación de un apartado de la ley de presupuestos de la comunidad de 2023, ha informado el Ministerio de Política Territorial en un comunicado en el que da por zanjadas «las discrepancias manifestadas y concluida la controversia planteada».
El apartado de los presupuestos de la comunidad de 2023 que se deroga es el del «impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración», que fijaba un gravamen progresivo, que aumentaría año a año, para los entes locales que no lleven a cabo recogida selectiva de la fracción orgánica.
El gravamen se fijaba sobre el pago por generación de la fracción rechazo de los residuos municipales (en los ayuntamientos sin recogida orgánica separada) y suponía incrementarlo un 1 % en 2023, un 15 % en 2024 y un 30 % en 2025 y siguientes.
El incremento del gravamen se justificaba en que el Govern consideraba que esos ayuntamientos no cumplían los requisitos de recogida selectiva de materia orgánica y pago por generación de la fracción rechazo de los residuos municipales de la Ley de Residuos de 2019.
El apartado de los presupuestos que lo regulaba, recordaba que «las respectivas ordenanzas municipales deben contemplar la aplicación de los sistemas de pago por generación, al menos, sobre la fracción de rechazo de los residuos municipales, de forma que favorezca al ciudadano que genera menos cantidad».
El acuerdo alcanzado con Baleares es uno de los tres conseguidos entre el Ministerio de Política Territorial en septiembre, junto a otros con Extremadura y País Vasco. Son los tres primeros acuerdos de la XV legislatura tras alcanzarse en la XIV legislatura un total de 180 acuerdos con las comunidades autónomas que evitaron recursos competenciales, ha indicado el ministerio.
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