Crisis en los ayuntamientos por la nueva ley de Bienestar Animal

El único ayuntamiento de Mallorca que dispone de veterinario en su plantilla es el de Palma y aún así fuentes municipales reconocen que, aunque se acatará, no será fácil aplicar la norma porque requerirá de la dotación de recursos y la contratación de más personal. El resto de ayuntamientos ni siquiera tienen veterinario propio y deben recurrir a empresas privadas para asumir esta responsabilidad. La mayoría tienen contratos con Natura Parc para la recogida de animales abandonados, con un coste medio anual de 50.000 euros que ahora se multiplicará.

El alcalde de Maria de la Salut y nuevo presidente de la Federació d’Etitats de les Illes Baleares (FELIB), Jaume Ferriol, trabaja en la convocatoria de una reunión urgente para tratar este asunto a la que asistirán también representantes de los Consells insulars, la Direcció General d'Agricultura del Govern y el Colegio de veterinarios. «Confiamos en que pueda ser esta semana. A mediados de mes también se tratará el tema en la Asamblea de alcaldes», explica.

«El miércoles de la semana pasada tomé posesión del cargo como presidente de la FELIB y el jueves a las 9 horas ya me puse con este asunto. Es un problema importante y que preocupa mucho. En Maria de la Salut tenemos una veterinaria que nos hace las castraciones de felinos y nos cobra 90 euros por hembra y nos regala los machos, pero hay algún ayuntamiento del Pla de Mallorca que me consta que en abril o mayo pagó casi 8.000 euros de gastos de gestión de animales y hablamos de ayuntamientos pequeños», relata Jaume Ferriol.

Uno de esos consistorios es el de Algaida. A su alcaldesa Margalida Fullana le preocupa que «según cómo se gestione, el cumplimiento de la nueva Ley de Bienestar Animal representará un coste muy elevado para las arcas municipales». «Convierte al Ajuntament en el último responsable de los animales callejeros. Si un propietario no puede mantener a su animal, antes de abandonarlo, debe dejarlo al Ajuntament que se tiene que hacer cargo. Si se produce una oleada de abandonos es un gasto imposible de asumir para un pueblo como el nuestro. Solo la recogida y manutención de los animales en depósito nos cuesta entre 40.000 y 50.000 euros al año, una cantidad que sabemos que se multiplicará», dice.

A día de hoy la mayoría de municipios carecen de un censo real de gatos callejeros por lo que la sorpresa puede ser mayúscula. Así lo explica la teniente de alcalde de Alcúdia Carme García. «En Alcúdia, aunque no tenemos ninguna colonia autorizada formalmente, hay un montón de voluntarios que tienen gateras. Hay algunos que tienen cinco, seis y hasta ocho colonias y gente con colonias de 80 gatos. Estamos muy desbordados. Algunos de los voluntarios están realizando desde hace tiempo un buen control con castraciones, pero otros no quieren ni castrarlos ni chiparlos, están totalmente en contra y esos no nos dan la cifra real de cuántos animales alimentan. Sobre el papel tenemos unos 1.000 gatos callejeros en Alcúdia pero sabemos que la cifra real es aún mayor», dice.

La idea de la nueva Ley de Bienestar Animal es tener a todos los gatos callejeros castrados y viviendo en colonias controladas. Sobre el papel, si el sistema funciona, las colonias irán reduciendo su población a medida que sus gatos vayan muriendo. La realidad que explican los alcaldes y alcaldesas es que «aunque las colonias estén controladas si hay particulares que tiene gatos sin castrar en sus casas y los deja salir se producen constantemente abandonos de camadas y las colonias no llegan a reducirse».

Convenios con protectoras

Algunos ayuntamientos como el de Campanet recurren a la firma de convenios con asociaciones de protección animal como Baldea para intentar ordenar las colonias de gatos en su municipio. «Tenemos muchos problemas porque hay muchos gatos y muy dispersos por el municipio. Hay gente que los alimenta en la calle y precisamente eso es algo que no se ha de hacer. Para hacer un buen control se necesitan recursos. En Campanet hemos aprobado un convenio con Baldea (con el voto en contra del PSOE y del PP y la abstención de MOU) para que nos ayude a remediar la situación y nos asesore para crear con ellos un grupo de voluntarios para montar colonias felinas controladas y así ir esterilizando los gatos, pero necesitamos mucho dinero. Había una subvención estatal que no es suficiente y necesitamos que el Consell de Mallorca se implique», explica su alcalde Guillem Rosselló. El Ajuntament de Campanet planea también sacar una subvención para ayudar a los particulares a asumir el coste de esterilización de sus mascotas. «El objetivo es hacer un plan a 3-5 años vista para ir frenando el aumento de gatos callejeros en el pueblo», concluye Rosselló.

Los alcaldes y alcaldesas hacen un llamamiento a sus vecinos para que dejen de alimentar a los gatos callejeros. A la espera de una solución consensuada el tiempo apremia. Fuentes municipales explican que con el presupuesto anual prácticamente agotado es imposible cumplir con lo que dice la normativa antes de que acabe 2023 y aún en 2024 será complicado hacerlo. A la espera de saber si el Govern o el Consell actuarán de oficio contra los ayuntamientos que no cumplan la ley o solo intervendrán en caso de denuncia, los alcaldes y alcaldesas son conscientes de que las asociaciones animalistas piden celeridad y las denuncias tarde o temprano llegarán. Al coste en sí del servicio de captura, identificación, castración y vacunación de los felinos se le sumaría el de posibles multas.