Las farmacias que tienen que salir a concurso llevan más de una década abiertas y vuelven a partir de cero. Cinco han sido traspasadas y tres cerraron. | Daniel Espinosa

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El TSJIB se pone serio. La Sala de lo Contencioso fija un plazo de dos meses para que se ejecute la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba nula la adjudicación de 18 farmacias en Balears que se llevó a cabo en 2010 y ordenaba al ejecutivo autonómico convocar un nuevo concurso. Un auto fija un plazo de dos meses para que se ejecute la sentencia y responsabiliza de forma directa al actual director general de Farmacia, Joan Simonet Borrás, para que lleve a cabo esa tarea. Si antes del 31 de enero de 2024 no se ha adoptado el acuerdo, habrá consecuencias.

La convocatoria del concurso de farmacias de 2010 fue declarada nula por los tribunales. En concreto por una cláusula en la que se valoraba la experiencia del farmacéutico en Balears y que los tribunales resolvieron que vulneraba el derecho de la Unión Europea. Esa parte del procedimiento tiene sentencia firme del Supremo desde 2013. Sin embargo surgió una nueva controversia por cómo cumplir esa resolución. Para el Govern y el TSJIB bastaba con hacer un nuevo baremo sin valorar ese punto entre los aspirantes que se habían presentado. Sin embargo, el Supremo declaró que no bastaba y sentenció en 2019 que se debía hacer una nueva convocatoria desde cero. El motivo es que algunos posibles candidatos podían haber renunciado a concursar al saber que no podrían competir ante las cláusulas nulas.

El Govern intentó maniobrar para no cumplir esa sentencia y el pasado mes de marzo presentó un recurso en el que argumentaba que era imposible ejecutarla en los términos que planteaba el Supremo. El TSJIB rechaza ahora en un auto esos argumentos. En primer lugar porque la petición está realizada fuera de plazo. Pero además, considera exageradas las pegas de la administración.
Una de ellas insistía en que al anular 18 adjudicaciones, casi 300.000 ciudadanos tendrían problemas para acceder a medicamentos. «La alegación parece sumamente exagerada», razona al TSJIB dado que en esas zonas ya hay 112 farmacias. También explican que la Conselleria puede adoptar medidas para garantizar que sigan abiertas de forma provisional hasta que se resuelve el nuevo concurso. Cinco de las oficinas han sido vendidas.

Punto de vista

Posibles multas o un delito de desobediencia

El tribunal atribuye la responsabilidad de ejecutar la sentencia a Joan Simonet, dado que es «publico y notorio» que es el actual director general de Farmacia y advierte que «se exigirá» por parte de la Sala que cumpla. Si no lo hace, la responsabilidad podrá ser personal hacia el alto cargo, como ha ocurrido en otros episodios con alcaldes. Para obligar al cumplimiento, el tribunal puede recurrir a sanciones económicas o a una posible imputación por desobediencia.