La Guardia Civil registró las distintas sedes de la Autoritat Portuària en julio de 2020. | Josep Bagur Gomila

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La titular del juzgado de Instrucción 3 de Palma ha remitido una providencia al teniente coronel de la Guardia Civil para pedirle que adopte todas las medidas necesarias para que la investigación de la macro causa esté lista en tres meses. La resolución fue comunicada al cuerpo el pasado 28 de noviembre y la magistrada alude a la misma en la última prórroga dictada del secreto de sumario, una medida que afecta a la mayor parte de la causa desde el mes de marzo de 2020 y que se estira un mes más.

La principal justificación para la larga duración del secreto de sumario ha sido la enorme carga de trabajo de los investigadores ante la cantidad de documentación intervenida en los registros de la Autoritat Portuària que se llevaron a cabo. A la vez, los medios destinados a este caso han sido, según la magistrada, limitados y se han visto afectados por incidencias médicas. Además, el auto refleja que se ha optado por investigar de forma sucesiva cada una de las piezas y no todas a la vez, lo que ha justificado también el retraso acumulado.

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En los últimos meses, la magistrada señala en el auto que ha recibido varios informes previos de algunas de las piezas que aún están bajo secreto y, a partir de ahí, remitió la providencia al teniente coronel para agilizar la tramitación del caso.

Por el momento, se ha levantado el secreto de sumario de tres de las piezas: la uno, la tres y la cuatro, que afectan a un posible delito fiscal y de tráfico de influencias en torno a un duty free, al náutico de Eivissa y a una adjudicación en el puerto de Maó.