PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca presentan escritos de reconsideración al Acuerdo para el bilingüismo

Las formaciones alegan en sus distintos documentos que el citado acuerdo entra en contradicción con la normalización lingüística o, entre otras justificaciones, que vulnera los derechos de los diputados al impedirles, según refieren, participar en la regulación del uso de las lenguas.

En su escrito de reconsideración, el PSIB rememora que el acuerdo salió adelante en la Mesa de la Cámara con tres votos de cinco. Con todo, refieren que en la documentación enviada dos días antes de la celebración de la Mesa figuraba una propuesta de acuerdo con el mismo título pero con contenido diferente en su primer punto. Además, sostienen que la propuesta hacía referencia a un informe «elaborado por el jefe de departamento de Recursos Humanos».

Al respecto, el PSIB añade que en el transcurso de la Mesa y llegado el punto en cuestión, el presidente entregó un nuevo documento distinto al que constaba en el orden del día, explicando que tenía «pequeñas modificaciones» que ya conocían los otros dos miembros de la Mesa pero no la vicepresidenta segunda de la Cámara, Mercedes Garrido, ni la secretaria segunda, Pilar Costa, «provocando una clara indefensión».

Ambas socialistas pidieron entonces que el asunto quedara sobre la mesa, a la espera de poder estudiar el nuevo documento, y también se pidió el informe a Recursos Humanos «al que hizo referencia el presidente, si bien reconoció que no existía pero que sí existían comunicaciones entre su jefe de gabinete y el funcionario», apuntan desde el PSIB.

Además, aseguran que las firmantes de este escrito reclamaron que se elaborara por los servicios de la Cámara un informe jurídico sobre la legalidad y las consecuencias de lo que se iba a aprobar, «petición que fue denegada por la mayoría de los otros tres miembros de la Mesa».

Finalmente, se aprobó el acuerdo «modificando el presidente 'in voce' la parte final para hacer desaparecer un informe de Recursos Humanos ante la evidencia de la falsedad, y que se cambiara por la existencia de comunicaciones con el funcionario».

Tras todo ello, en el escrito de reconsideración, los socialistas creen que el acuerdo «confunde cooficialidad y bilingüismo». Así, alegan que siempre se han respetado los derechos lingüísticos de los parlamentarios de acuerdo con el Reglamento de la Cámara y la relación con los ciudadanos «no ha planteado ningún problema lingüístico». «Ha habido una convivencia lingüística modélica», añaden.

Además, recuerdan que el carácter de lengua propia y la función normalizadora de los poderes públicos exigen que el catalán sea la lengua que represente e identifique las instituciones de las Islas. «Todo ello, siempre respetando los derechos de los ciudadanos y sin discriminaciones».

También hacen referencia al estatuto jurídico que tiene la Mesa de la Cámara, delimitado por artículos del Reglamento del Parlament, y recalcan que el ordenamiento jurídico no impide que los poderes públicos de Baleares produzcan documentos en cualquiera de las dos lenguas, pero sí establece reglas sobre la conducta lingüística de algunos poderes públicos. «Por tanto, no hay obstáculo para que el Reglamento ordene los usos lingüísticos, pero de ninguna manera que esta ordenación se pueda hacer, con carácter general, por un acuerdo de la Mesa», sostienen desde el PSIB.

Atendiendo a todas estas cuestiones, creen que cualquier reforma lingüística debería ser consultada con la UIB y consideran que el acuerdo adoptado por la Mesa tiene «claramente vicios de legalidad formales y materiales».

«Y lo que es más grave, vulnera el derecho fundamental de los diputados, porque les impide participar en una cuestión importante como es la regulación del uso de las lenguas en el ámbito parlamentario», sentencian en el escrito.

En esta línea, insisten en la reconsideración de la decisión de la Mesa y que se constate la «indefensión» que sufrieron las dos miembros de la Mesa. También piden que se reconozca que el contenido del acuerdo debe ser objeto de regulación en el Reglamento del Parlament y no por acuerdo de la Mesa, y que previamente se solicite un informe a la UIB.

El escrito de MÉS per Mallorca y Més per Menorca

MÉS per Mallorca y Més per Menorca alegan, en su escrito de reconsideración, que el acuerdo para el bilingüismo entra en contradicción con la normalización lingüística del catalán y, específicamente, contra algunos preceptos del Estatut d'Autonomia y de la ley de normalización lingüística.

Por tanto, instan también a la Mesa del Parlament a reconsiderar la decisión adoptada y piden que solicite a los letrados de la Cámara la emisión de un informe relativo al acuerdo y su ajuste en el Estatut d'Autonomia y la Ley de normalización lingüística.

También solicitan que la Mesa reclame a la UIB la emisión de un informe relativo al acuerdo y que el Parlament use el nombre oficial de la Comunidad, que según el Estatut d'Autonomia es 'Illes Balears', tanto en catalán como en castellano.

En este caso, el escrito está firmado por los portavoces de MÉS per Mallorca y Més per Menorca en el Parlament, Lluís Apesteguia y Josep Castells.