Ha explicado que el departamento autonómico trabaja con el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y con los Servicios Sociales municipales para buscar una solución habitacional a los afectados, en respuesta a una pregunta de la diputada socialista Carol Marquès sobre cómo está la situación en el caso del policía sancionado porque alquilaba trasteros como si fueran viviendas. Vidal ha detallado que se le notificó la sanción, no presentó recurso por la vía administrativa, y se está a la espera de si presenta recurso por la vía contencioso-administrativa y ha añadido que en la Conselleria son «conscientes desde el primer día de la difícil situación que viven estas familias».
Marqués ha descrito lo ocurrido como una práctica inaceptable, porque un policía «que debería trabajar para proteger a la ciudadanía, ponía en riesgo a 80 personas en situación de vulnerabilidad, aprovechándose de esa situación porque no tenían otra solución». Ha celebrado la sanción que le ha impuesto la administración, pero ha advertido de que en este caso «lo importante son los afectados».
La socialista ha preguntado dónde irán a vivir y si la Conselleria ha previsto alguna opción para realojarlos porque «se han centrado en la sanción, dando la espalda a las personas», porque las familias vulnerables «no hacen ganar dinero a los promotores y no le interesan». Marquès ha pedido a Vidal soluciones para los afectados, algunos de los cuales han acudido al Parlament «a oír respuestas».
Vidal se ha ofrecido a hablar con los afectados en el propio Parlament y ha dicho que la Conselleria es muy consciente y lamenta «la situación de delincuencia que afecta a las personas más vulnerables», razón por la que el servicio de Inspección de la Conselleria denunció el caso a la Policía Nacional. Ha recordado que se le ha impuesto al policía la mayor sanción que ha puesto la Conselleria en materia de infraviviendas, y la mayor también en comparación con la suma de todas las demás aplicadas.
La sanción asciende a 2 millones de euros a la empresa del policía local que arrendaba como viviendas de 68 espacios sin las condiciones legales mínimas de habitabilidad. La consellera Vidal ha explicado que la Ley de Vivienda daba la opción al Govern de desalojar las infraviviendas o de mantenerlas y la Conselleria optó por la segunda posibilidad «precisamente para no dejar a estas personas en desamparo porque su situación ya es lo suficientemente dura como para agravarla más». Ha añadido que el Govern trabaja con el IMAs y los Servicios Sociales «para buscar una solución habitacional a estas familias». «El Govern estará con ustedes», ha concluido.
1 comentario
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Palabras vacias que no aportan nada. El policía multado y los inquilinos pasan a ser okupas. Si las cosas son así, y curiosamente, solo se enriquece la administración mientras todos los demás quedan aun peor de lo que estaban.....hace que me pregunte dos cosas: La primera es intentar esclarecer que se ha solucionado. Pq aqui ganadores no hay ni uno solo. Y lo de dar opción a mantener la infravivienda es de traca. Y lo segundo es que ganas puede tener la administración de arreglar nada si teniendo las cosas así ya le va bien haciendo bailar a todos a su son (el del dinero).