El Consell expedienta a la hospedería de Lluc e indica que ya fue denunciada en 2022 «pero no se actuó»

Por otro lado, ha indicado que todavía no ha tenido ocasión de consultar el expediente, por lo que «no sé exactamente qué es lo que está incumpliendo». Tampoco ha podido aclarar por tanto a qué sanciones se enfrentaría la propiedad, limitándose a señalar que serían las que marca la normativa para las infracciones que se le puedan estar imputando.

«Primero tiene que pasar todo el procedimiento y el propietario ha de poder presentar sus alegaciones», ha explicado para añadir que este tipo de procedimientos pueden prolongarse por un periodo indeterminado de tiempo, desde los tres meses al año. Con todo, el conseller ha hecho hincapié en el hecho de que no puede facilitar más información al respecto dado que se estaría incumpliendo la Ley de Protección de Datos y que, de hecho, «yo no sé quién es el titular» de la hospedería. También ha señalado que ese titular todavía no ha sido informado de la apertura del expediente.

La apertura del acta ha sido fruto de la labor inspectora del departamento insular, basado en una tarea de scraping (técnica utilizada mediante programas de software para extraer información de sitios web).​ De las 700 inspecciones que se han realizado cerca de un 60 % de las mismas, ha precisado Marcial Rodríguez, ha desembocado en la apertura de un acta que puede acabar en sanción.

Réplica del PSOE

El anterior conseller insular, el socialista Andreu Serra, ha respondido a las acusaciones de su sucesor alegando no tener ninguna constancia de la denuncia de 2022, pero señala que si ésta no se tradujo en apertura de expediente o aplicación de sanciones, «sería porque los técnicos consideraron que no se debía actuar». Serra alude al hecho de que el propio Rodríguez ha explicado que el expediente actual podría o no desembocar en sanciones en función de lo que determinen los técnicos una vez se tramiten las alegaciones. «Todo esto es una cortina de humo del conseller al estar en una situación que probablemente le incomode». En cualquier caso, ha recalcado que si Rodríguez pretendía sugerir el archivo de la denuncia por indicaciones políticas, «tengo que decir que ni los inspectores ni el propio plan de inspección sufrieron nunca ninguna injerencia política».

Por su parte, desde el Bisbat de Mallorca, señalaron que el pasado día 8 el santuario recibió la visita de dos personas que se identificaron como inspectores y que únicamente entregaron un acta de visita, pero que ni la dirección del santuario ni el Obispado tienen constancia de la apertura de un expediente.

Añaden que, desde que el nuevo equipo directivo propuesto por el Obispado tomó la dirección de Lluc tras la salida de los Misioners dels Sagrats Cors, en 2019, independientemente de que haya expediente o no, se están realizando gestiones para adaptar todos los aspectos del santuario a las normativas vigentes en cualquier materia, no solo turística.

Por otro lado, destacan la singularidad de los edificios del santuario, que está protegido como Bien de Interés Cultural como una circunstancia que hace más compleja la adaptación a las normativas actuales. Desde el Obispado se ha recordado que la función principal de la hospedería es pastoral y enfocada al acogimiento de peregrinos, aunque matizan que sus puertas están abiertas para cualquier visitante. Asimismo, recalcan que la voluntad del Bisbat de Mallorca y de la dirección del santuari de Lluc es que todas las instalaciones y servicios funcionen dentro de la legalidad.

La gestión del Santuario de Lluc y de su hospedería estuvo a cargo, durante siglos, de la congregación de Missioners dels Sagrats Cors. En el año 2019, los últimos misioneros comunicaron al Bisbat de Mallorca que dejaban el Santuario por la imposibilidad de hacerse cargo debido a la avanzada edad de los últimos religiosos y la falta de relevo generacional. Tras unos meses convulsos, el obispo, Sebastià Taltavull, designó un nuevo equipo gestor encabezado por el expárroco de Sóller y persona de su confianza, Marià Gastalver, como prior, junto con el sacerdote Toni Burguera y el diácono y actual coordinador general de Lluc, Toni Moreno.

Petición de Més

Por último, el portavoz de Més per Mallorca en el Consell, Jaume Alzamora, ha exigido «contundencia» contra la oferta ilegal «al margen de quién sea el infractor». En caso de confirmarse que se ha infringido la normativa, defiende, «el Consell no puede ponerse de lado y ha de actuar igual que en cualquier otro caso». A la espera de conocer los detalles del expediente abierto, el portavoz ecosoberanista ha preparado una serie de preguntas, entre ellas la de si el Obispado había presentado una DRIAT (Declaració Responsable d'Inici d'Activitats Turístiques) y si se hizo una reserva de plazas turísticas. Alzamora recuerda que, en caso negativo, las plazas no podrán ser regularizadas y tendrán que ser eliminadas.