El PP presentará un recurso ante la Junta Electoral Central (JEC)
para evitar que EH tenga acceso a los espacios de publicidad
gratuitos que corresponden a todo partido que se presenta a las
elecciones dada su intención de no concurrir a los comicios del
12-M, según avanzó ayer el secretario general del PP, Javier
Arenas.
El número dos del PP explicó que su partido recurrirá ante la
JEC la presentación de listas «abstencionistas» por parte de EH, es
decir, candidaturas formales para reclamar la abstención que se
retirarían poco antes del 12 de marzo y que permitirían a la
coalición tener acceso a espacios gratuitos en los medios de
comunicación. Por ello, adelantó que el PP está estudiando los
preceptos legales para presentar un recurso, cuya formalización
política se presentará en breve, que evite ese su acceso a los
espacios publicitarios.
Recalcó que cuando una formación como EH decide no concurrir a
las elecciones y, sin embargo, presenta candidaturas «por el sólo
hecho de buscar lo que le ofrece la Ley y el Estado de Derecho, que
son espacios gratuitos, está cometiendo un fraude de ley». Arenas
reconoció que la abstención es un derecho de los ciudadanos
amparado por la Constitución, pero esgrimió que lo que resulta «más
que dudoso» es que se utilice «una argucia para disfrutar de un
derecho que sólo tienen las formaciones que concurren a las
elecciones». La coalición dirigida por Arnaldo Otegi respondió
inmediatamente al anuncio del PP, resaltando que no se podrá
impedir su acceso a los espacios electorales hasta que no se
oficialice su abandono de la campaña y las candidaturas de la
coalición sean anuladas.
De hecho, ya el pasado sábado, la parlamentaria de EH y abogada
Jone Goirizelaia, adelantó que sólo cuando las candidaturas sean
anuladas se podrá establecer que su formación no pueda participar
en los espacios electorales.
La decisión de los ´populares´ produjo tanto el rechazo de IU y
PSE, que tacharon de electoralista la iniciativa, así como el de
PNV, que consideró que «difícilmente» se puede hablar de fraude de
ley porque la Carta Magna legitima la opción de solicitar la
abstención en una consulta electoral.
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