La polémica sobre una posible reforma de la Constitución, que
propugnan los principales partidos de la oposición y a la que se
opone el Gobierno, marcó ayer la celebración del XXIII aniversario
de la Carta Magna, que congregó en el Congreso a representantes de
las altas instituciones del Estado y de distintos sectores
sociales. José María Aznar reiteró su rechazo a una reforma
constitucional por creer que no es «necesaria ni conveniente», pero
expresó respeto por opiniones distintas y rechazó que su posición
suponga una ruptura del pacto constitucional, algo de lo que le han
acusado los nacionalistas.
El jefe del Ejecutivo, quien consideró igual de respetable
defender cambios en la Constitución que abogar por su
mantenimiento, instó a los que plantean la reforma a que expliquen
en qué términos la desean, ya que dijo que «todo lo demás está
absolutamente fuera de lugar». Aznar explicó que ha escuchado
propuestas de modificación que alteran el pacto constitucional con
las que no está de acuerdo y, al hilo de ello, subrayó el proceso
de descentralización que ha vivido España y dijo que en este
momento «cualquier propuesta de reforma constitucional no es una
buena propuesta».
Salía así al paso de declaraciones como las del secretario
general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, quien afirmó que
sus manifestaciones demuestran que «España necesita un liderazgo
mucho más integrador y más a la altura de un tiempo modernos».
Rodríguez Zapatero defendió también la vigencia del texto
constitucional pero acusó al PP de plantear un debate falso en
torno a la organización territorial de España. No obstante, el
dirigente socialista que más se extendió en sus críticas a Aznar
fue el portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, quien tildó
las palabras del jefe del Ejecutivo de «poco respetuosas con la
Constitución y con los ciudadanos españoles».
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, acusó a Aznar
de creer que en la Constitución «ya sólo está él» y de utilizar la
Carta Magna como un «arma arrojadiza» en lugar de interpretarla
como «un ámbito de derecho y un ámbito democrático acogedor». «Un
Gobierno es el último que debe utilizar la Constitución en provecho
propio», explicó el coordinador general de IU. El portavoz
parlamentario de CiU, Xavier Trias acusó a Aznar de «mofarse» de
las reivindicaciones nacionalistas y de «romper el consenso» que la
fuerzas políticas plasmaron en la Constitución.
Trias lamentó que «palabras como las de ayer (por el miércoles)
del señor Aznar rompan este consenso» y consideró «una provocación»
que el jefe del Ejecutivo tachara de «ocurrencias» aquellas
propuestas que plantean la revisión del texto constitucional. Por
su parte, el portavoz parlamentario del PP, Luis de Grandes,
insistió en que el texto constitucional sigue siendo una «fórmula
válida para convivir entre los españoles» y advirtió de que
cualquier reforma del mismo requeriría, al menos, el mismo consenso
que se alcanzó su aprobación en 1978.
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