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El presidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Xabier Arzalluz, afirmó ayer que «lo que menos gusta» al Partido Popular de la propuesta de Ibarretxe es la posibilidad de convocar una consulta popular porque, según destacó, «tienen miedo a que la gente diga sí, y nos vayamos». «Y si la gente lo quiere, nosotros lo aceptaremos, y ahí no hay matrimonio ni espada que valga sino la voluntad popular», añadió en un acto político celebrado en Bilbao para conmemorar el «Gudari Eguna» (día del soldado vasco).

Arzalluz resaltó que «los nacionalistas (PNV, EA y Batasuna) somos mayoría absoluta y esto es lo que le da miedo a Madrid. ¿Por qué no quieren ni oír hablar de una consulta -se preguntó- cuando si la mayoría no quiere, mejor para ellos?», a la vez que resaltó que «no se puede estar en una patria a la fuerza».

En su intervención, el líder peneuvista dibujó una situación política en la que los franquistas «vestidos ahora de demócratas y tras votar en contra del Estatuto de Autonomía y abstenerse en la Constitución, vienen a por nosotros y nos llaman traidores».

Resaltó que «se han hecho con todo el poder comprando los medios de comunicación y con un poder judicial en manos del Gobierno. Y a la Iglesia -dijo- no le falta mucho para que se meta también contra nosotros».

En este contexto recordó que hace tres meses Juan José Ibarretxe instó al Gobierno central a completar el Estatuto y, una vez transcurrido ese tiempo, «esperaban una respuesta diferente, pero Ibarretxe no ha salido ni con la independencia ni con un estado libre asociado, sino que propone un nuevo estatus en el que los vascos en vez de estar a la fuerza en España, lo estén libremente».

Arzalluz rebatió a los que «amenazan con la pobreza» si se materializa el proyecto de Ibarretxe con la enumeración de varias empresas que «hacen cola para invertir en Euskadi» y opinó que toda la polémica en torno a los empresarios y las inversiones responde a que «quieren separar a la patronal alavesa de la vizcaína y guipuzcoana».

De igual modo, a su juicio, las declaraciones en contra de la juez de Vigilancia Penitenciaria de Bilbao, Ruth Alonso, por conceder el tercer grado a un preso de ETA, se debe a que «quieren llevarse a Madrid el control de la vigilancia penitenciaria y decidir ellos».