Ese fue el resultado de la entrevista que durante dos horas y media
mantuvieron ayer en Moncloa el jefe del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, para analizar
la propuesta aprobada por el Parlamento vasco. La reunión sirvió
para constatar su coincidencia de criterios en la interpretación
del plan pese a sus diferencias en los mecanismos para hacerle
frente.
El Gobierno considera «imprescindible» el apoyo del PP a la
modificación constitucional y «absolutamente conveniente» el
respaldo del principal partido de la oposición a las reformas
estatutarias de las comunidades que lo soliciten.
Eso no impidió que Rajoy expresase su satisfacción por el hecho
de que Zapatero negase ante el lehendakari cualquier esperanza de
futuro al plan que lleva su nombre. En cualquier caso, advirtió que
«vienen tiempos difíciles para los españoles».
También el presidente del Gobierno se mostró satisfecho por el
acuerdo con el PP, según se expresó la vicepresidenta primera del
Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, encargada de dar
cuenta del contenido de la reunión.
Un contenido que pasa por la creación de una comisión bilateral
que analizará la reforma de la Constitución, la de los Estatutos de
las Comunidades Autónomas, la de la financiación autonómica y
sanitaria, una comisión similar a la que funciona entre PP y PSOE
contra el terrorismo y siguiendo el ejemplo de la que desembocó en
1992 en el pacto autonómico.
Un principio esencial para el trabajo que debe desarrollarse, a
juicio del Gobierno, será la lealtad constitucional recíproca entre
las partes, lealtad que Rajoy garantizó expresamente en su
comparecencia ante los medios.
Es más, el presidente del PP llegó incluso a ofrecer a Zapatero
el apoyo de su partido a la estabilidad del Gobierno si se ve
amenazada por aplicar los criterios que emanen de este acuerdo, una
estabilidad que no ve en peligro la vicepresidenta del Ejecutivo.
Rajoy comparó el «espíritu» con el que, a su juicio, debe nacer la
comisión bilateral con el que inspiró la que, en 1992, desembocó en
el pacto autonómico.
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