La propuesta de hacer una declaración para reprobar al ministro ha surgido de la vocal Margarita Robles, pero los otros cuatro vocales de la Permanente -Manuel Almenar, Almudena Lastra, Antonio Dorado y el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner- se han opuesto a ello, han informado hoy fuentes del Consejo.
Solo uno de los vocales, según estas mismas fuentes, ha manifestado que consideraba desafortunadas las palabras de Ruiz-Gallardón, pero ha descartado que merecieran una reprobación.
Tras el rechazo a la reprobación del ministro, Margarita Robles ha emitido un voto particular en el que considera que la Comisión Permanente «hubiera debido pronunciarse respecto a las declaraciones del ministro de Justicia descalificando a jueces y magistrados, para rechazar las mismas por cuanto no se corresponde con la realidad».
Según Robles, las declaraciones de Gallardón «tratan de ocultar a la opinión pública las verdaderas reformas que necesita la administración de Justicia en España y desprestigian el trabajo serio y riguroso que realizan los magistrados y jueces de este país».
En esta misma reunión, la comisión ha anulado por tres votos a favor y dos en contra los acuerdos de las juntas de jueces sobre carga de trabajo al considerar que se habían extralimitado en sus competencias.
Robles también ha discrepado con este acuerdo en su voto particular al entender que el CGPJ «no es competente para declarar la nulidad de dichos acuerdos», que considera «ajustados a derecho"
Añade además que comparte los pronunciamientos de las juntas de jueces por el malestar existente entre los jueces y magistrados por la carga de trabajo.
Destaca también que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) señalaba con respecto a esos acuerdos que han de ser considerados «como expresiones de opinión por parte del colectivo reunido en junta sin ser susceptible por ello de producir efectos jurídicos resolutorios frente a terceros».
Por ello opina que «tampoco pueden ser sometidas a los parámetros de validez jurídica establecidos por la Ley 30/92 para el control de legalidad de los actos administrativos resolutorios, por lo que no resulta ajustado a derecho que la Comisión Permanente, argumentando un control de legalidad, improcedente en este caso, declare la nulidad de dichos acuerdos».
Por ello comparte el punto de vista de la Sala de Gobierno del TSJPV de «preservar un ámbito de autonomía» de los jueces que integran «la instancia en la concreta rama jurisdiccional y en coordinación con los secretarios judiciales responsables de los servicios, determinar los estándares de actuación que consideren adecuados para que la gestión del conjunto de los procesos concretos».
Todo ello en aras de preservar «la efectividad en la garantía de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos, garantía que difícilmente puede verse tutelada cuando la sobrecarga de trabajo sobre un órgano judicial impide el examen serio y detallado por parte del juez de aquellos asuntos».
El pasado 23 de octubre, la Comisión Permanente declaró nulos los acuerdos de las juntas de jueces de Castilla-La Mancha y Cataluña en los que se acordó celebrar vistas solo de mañana (entre las 9.00 y las 14.00 horas) y pedir la dimisión del presidente del Consejo, Gonzalo Moliner.
Entonces Robles también se opuso a que se anularan esos acuerdos, al considerarlos «ajustados a derecho» y porque comprendía «el malestar existente entre los jueces y magistrados».
4 comentarios
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Lo que no puede ser es que cueste más a una persona llevar algun caso al juzgado por robo o por cualquier otra cosa que el objeto robado o el mal recibido.
Este Tío iba de moderado, como si fuera de centro (se intentaba diferenciar del resto de los peperos incompetentes i corruptos)cuando estaba en la oposición, pero ahora le ha salido la vena dictatorial, más de derechas que Franquito.
Aun siendo normal que los jueces, como cualquier otro trabajador, pueda protestar por la rebaja en su sueldo, que se de más credibilidad al absurdo argumento de Gallardón que al evidente recorte de derechos ciudadanos... "¿?"
Las tasas son injustas, pero Gallardón tiene razón en cuanto a que las protestas de los jueces responden a los intereses de éstos.