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La Fiscalía Anticorrupción defiende que los hechos investigados por el lanzamiento y venta de las participaciones preferentes «no son constitutivos de delito» y que «no hubo un plan preconcebido» para su gestión y diseño y venta.

El Ministerio Público se ha opuesto así a investigar al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, al exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez, al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, y a cargos directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia por estafa en la gestión de este producto bancario.

En cuatro escritos remitidos este viernes al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu considera que «los hechos no son constitutivos de delito y en todo caso no puede atribuirse participación» a los querellados en el lanzamiento de este producto bancario.

«Nos encontramos con un producto que en si mismo no puede considerarse fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la CNMV», agrega Anticorrupción.

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El juez instructor, que ya investiga la fusión y salida a Bolsa de Bankia, ha recibido cuatro querellas contra los altos cargos de entidades bancarias que intervinieron en la comercialización de dichos productos financieros, la primera de ellas la presentada por la formación Unión, Progreso y Democracia (UPyD) el pasado 15 de abril.

Todas ellas se dirigen contra las entidades Caja Madrid y su filial, la mercantil Caja Madrid Finance Preferred S.A.; Bancaja y su filial Eurocapital Finance; Bankia; y el Banco Financiero y de Ahorros.

En cuanto a las personas físicas denunciadas, en los escritos figuran, además de las ya mencionadas, los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García.

Las denuncias también se dirigen contra «todos los consejeros y directivos de las anteriores entidades que hubieran intervenido, consciente y deliberadamente, en el diseño, implantación y comercialización de las participaciones preferentes y otros instrumentos híbridos».

Solicitan que se les imputara a todos ellos la comisión de delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas.