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El líder de Junts per Catalunya (JxCat), Carles Puigdemont, ha pedido este jueves exigir al Estado que permita ahora la investidura de Jordi Sànchez como presidente de la Generalitat, atendiendo a las «medidas» planteadas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en defensa de sus «derechos políticos».


Así lo ha solicitado Puigdemont, recluido en un centro penitenciario de Alemania, en una carta dirigida a su grupo parlamentario, que ha sido leída en una reunión de JxCat, justo antes de que arranque el pleno del Parlament.

En la carta, firmada desde la cárcel de Neumünster, Puigdemont expone que el pasado 23 de marzo el Comité de Derechos Humanos de la ONU «dictó unas medidas cautelares por las cuales el Estado español debe garantizar» al número dos de JxCat, Jordi Sànchez, preso en Soto del Real (Madrid), «el ejercicio en plenitud de sus derechos políticos».

«La decisión es consecuencia de la vulneración de su derecho a someterse al debate de investidura para ser escogido presidente de la Generalitat de Cataluña, derecho que tenía y tiene, dada su condición de diputado del Parlament», subraya.

Según Puigdemont, no se trata de una «resolución menor ni trivial sino de gran trascendencia», ya que «todos los Estados que se han adherido» al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos «deben cumplir obligatoriamente las resoluciones que dicta el Comité de Derechos Humanos».

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«Estamos ante una oportunidad, sin precedentes, que hemos de aprovechar jurídica y políticamente en la defensa de nuestra causa a nivel internacional», destaca.

Por ello, Puigdemont formula un encargo a su grupo parlamentario: «Hay que exigir al Estado español el cumplimiento de las medidas de las Naciones Unidas y preservar los derechos del diputado Jordi Sànchez como candidato a la presidencia de la Generalitat».

«Hacerlo es un acto de justicia que repara el daño causado por los poderes del Estado español. Hacerlo insta al Estado a comportarse como el resto de países de Europa y a respetar los derechos políticos de todos, incluidos los derechos políticos de las minorías que querría silenciar», añade.

A su juicio, «ya que el Estado español no se comporta de manera democrática por propia voluntad, al menos hagamos que responda a las instancias internacionales que tiene la obligación de obedecer en virtud de los acuerdos firmados».

En caso de que el Estado «opte por ignorar el derecho internacional y la petición del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas» y persevere en su persecución política e ideológica», remarca Puigdemont, «demostrará una vez más que es capaz de cualquier cosa para alterar el normal funcionamiento de la democracia en Cataluña».
«Esta, que es una posibilidad bien real, la deberíamos también aprovechar para la defensa de libertades políticas de Cataluña, sumando a nuestra causa una nueva vulneración de los derechos civiles en nuestro país», apostilla Puigdemont, que dice en su carta que «añora poder hablar directamente» a sus compañeros de grupo.