El Boletín Oficial del Estado publica este sábado la Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la Covid-19 en Justicia, que entre otras iniciativas prevé que sean los tribunales superiores de justicia de cada comunidad los que resuelvan sobre las restricciones que acuerden las administraciones.
El pleno del Congreso aprobó definitivamente el pasado miércoles el proyecto de ley con 290 votos a favor, 52 en contra -de Vox- y cinco abstenciones, tras la incorporación de las enmiendas del Senado.
El texto ha sido impulsado por el Ministerio de Justicia para agilizar la administración de justicia y reforzar las medidas higiénicas en juzgados y tribunales, a fin de evitar el colapso judicial ante la crisis sanitaria.
Una de las principales -y últimas modificaciones al texto a instancias del Gobierno- es la inclusión de la reforma de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, para agilizar y mejorar el control judicial de las restricciones que los ayuntamientos y comunidades autónomas acuerdan en la lucha contra la pandemia.
De esta forma, serán los tribunales superiores de justicia (TSJ) de las comunidades autónomas en lugar de los diferentes juzgados de cada localidad como en la actualidad, lo que revisen esas medidas.
Precisamente, este punto fue duramente criticado por Vox que ha tachado esa enmienda como «un expediente parlamentario inapropiado», que «no era objeto previo» en la norma pero que es «evidente que nace de ciertos contratiempos habidos en juzgados» que no han aprobado las restricciones de las administraciones.
Todo lo contrario que el PP, que ha sacó pecho por haber «transformado ampliamente» el texto inicial que «no estaba pactado con nadie y tenía enfurecidos a los profesionales de Justicia», si bien «se han hecho importantes arreglos» para «afrontar con eficiencia» la situación judicial.
Podemos mostró su satisfacción por haber «dejado el partidismo a un lado» y espera que la experiencia con esta ley «sirva de ejemplo» porque «los consensos son imprescindibles».
La norma contiene un paquete de medidas para evitar el colapso de la justicia ante la avalancha de asuntos derivados de la crisis económica por el coronavirus que supondrá un atasco judicial.
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