«Tampoco el Plan Territorial lo autoriza», ha advertido Martínez, que ha recalcado que el uso contemplado para ese inmueble es el de vivienda, «no el de equipamiento, por lo que se debería otorgar un cambio de uso que el Ayuntamiento no puede conceder, porque está prohibido». Ha añadido que al tratarse de suelo rústico, «no se pueden hacer las obras que quiere el Consell». «Todo un ejemplo de mala praxis», ha concluido. La problemática de Puntiró se remonta a 2017, cuando la institución insular inició un concurso para la compra o alquiler de un inmueble para la construcción de un centro de menores. Dicho concurso quedó desierto porque ninguna de las cinco propuestas que se presentaron cumplían con los requisitos. Posteriormente, por adjudicación directa, se hizo un contrato de alquiler con opción a compra en una vivienda de Puntiró.
Ya entonces el PP denunció que se compraba un inmueble que no cumplía con el concurso, requisito para hacer una adjudicación directa. Martínez ha lamentado que, «a pesar de que los vecinos están en contra y de que la normativa municipal del Ayuntamiento y el propio Plan Territorial no lo permiten, el Consell ha seguido adelante y se ha servido de la Ley de Urbanismo de Baleares» para declarar el Interés General Insular de la finca de Puntiró, «pisoteado las competencias municipales de Cort e ignorado los recursos que han presentado una treintena de vecinos». El PP de Palma ha registrado una propuesta para que el pleno del Ayuntamiento exija al Consell de Mallorca la retirada de la propuesta sobre la declaración de Interés General Insular de las obras en Puntiró. «Este no es el lugar idóneo para un equipamiento de estas características, por lo que le pedimos al Consell que recapacite, no utilice una norma superior para hacer algo que está prohibido y busque un lugar mejor para construir un centro de menores», ha concluido Martínez
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