El documento oficial en el que constan las firmas del alcalde y el
secretario contradice las declaraciones efectuadas la semana pasada
por Pascual, quien aseguró que no había firmado el decreto porque
el expediente no había concluido.
La documentación a la que ha tenido acceso nuestro periódico
consta de ocho páginas, en las que se hace constar los trámites que
se han efectuado desde el 29 de septiembre de 1998 y el 1 de
febrero de 1999, fechas en las que se detalla que los servicios
técnicos detectaron las deficiencias que posteriormente motivaron
el expediente, como son el cerramiento de 230 metros de pérgola del
edificio de la cocina y el comedor, haber convertido en zona
deportiva un espacio destinado a aparcamientos y la existencia de
una tienda tipo supermercado en la planta subterráneo del edificio
de cocinas y bar. Se describe con detalle las fechas en las que se
han presentado solicitud de prórroga, que fue concedida, para poder
presentar el proyecto que incluyera la totalidad de las obras.
Transcurrido el plazo sin que se presentara la documentación
solicitada, los servicios municipales efectuaron la propuesta de
resolución en la que se hace constar las alegaciones de Miquel
Ramis Puigrós, en las que dice que «las obras objeto del expediente
de infracción son legalizables, por medio de autorizaciones en
precario que no crean derechos de ninguna clase y que están
sometidas a la voluntad y tolerancia de la Administración».
El Ajuntament ha considerado que se ha cometido una infracción
urbanística ilegalizable, por lo tanto el alcalde resuelve ordenar
que, previa fianza del 20 por ciento, en un plazo de un mes, tras
el recibo de la resolución, se presente proyecto de demolición y
advierte de que en caso de incumplimiento el Ajuntament efectuarán
los derribos.
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