Rafael de Lacy, actual presidente de la Comissió Insular
d'Urbanisme de Mallorca, representó a los promotores del proyecto
urbanístico previsto para la Marina de Magaluf antes de acceder a
este cargo público en el organismo insular. Precisamente, el voto
de calidad de Lacy permitió el martes pasado que el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de Calvià fuera aprobado de forma
definitiva y que se desarrolle el PERI previsto para la zona
turística de Magaluf, como así lo recordó Martín.
Anselmo Martín, presidente de Esquerra Alternativa de Calvià, ha
denunciado a este diario que a finales de 1998, cuando gobernaba
como miembro de Esquerra Unida en coalición con el PSOE, recibió la
visita de Rafael de Lacy como representantes de los constructores
de la Marina e «intentó convencerme de las excelencias de las que,
a su juicio, gozaba el proyecto». «Lo cierto», agrega Martín, «es
que yo sólo vi los intereses económicos y desarrollistas de los de
siempre». El voto del entonces concejal Anselmo Martín resultaba
imprescindible para aprobar inicialmente el plan general.
Martín presentó alegaciones al proyecto de la Marina de Magaluf
en el sentido de reducir el techo comercial (se permiten 15.000
metros) y también el número de viviendas, aunque sí estaba de
acuerdo con las plazas hoteleras de calidad. De acuerdo con lo
aprobado el martes pasado, la Comissió Insular de Mallorca obliga a
la reconversión de 2.000 plazas turísticas que podrá realizarse sin
el límite máximo de 500 plazas durante dos años que pretendía el
Ajuntament de Calvià.
El actual president de la Comissió Insular d'Urbanisme, Rafael
de Lacy, reconoció ayer que hasta el año 1998 defendió los
intereses de los promotores en su calidad de abogado. Afirmó que,
ese mismo año, remitió un escrito al Ajuntament de Calvià en el que
pedía que la Corporación respetar los niveles de edificabilidad
previstos en el año 1991, que incluían un total de 60 hectáreas de
urbanización. Sin embargo, desde el momento en que asumió la
dirección de la Comissió Insular d'Urbanisme, Lacy asegura que su
obligación es atender los informes técnicos y escuchar las
peticiones de los ayuntamientos. De hecho, según Rafael de Lacy, la
propuesta que aprobó la Comissió d'Urbanisme tiene muy poco que ver
con las aspiraciones de los promotores, ya que de las 60 hectáreas
de suelo urbano el Consell ha dejado la mitad "30 hectáreas" como
cesión gratuita.
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