El ex conseller de Hisenda del Govern del Pacte de Progré, Joan
Mesquida, explicó ayer a este diario que «la multa a Pedro J.
Ramírez de 16.900 euros (2,8 millones de pesetas) no fue tramitada
por la Conselleria a causa de un error informático provocado por la
implantación «de un nuevo sistema de gestión en la Administración
autonómica». Según explicó el actual director general de
Infraestructuras del Ministerio de Defensa, este sistema «dio
muchos problemas con la gestión de la contabilidad». Mesquida
señaló que «el cambio de programa, que fue muy conflictivo, motivó
que el asunto quedara bloqueado en el departamento de intervención
y que no llegara a pasar por recaudación ni siquiera de la propia
Conselleria».
Según las explicaciones del antiguo responsable económico, «el
Govern de Jaume Matas que nos precedió compró un sistema
informático llamado 'S.A.P.' que tenía que sustituir el antiguo
'AS400'», ya que este último se estaba quedando obsoleto. Así, lo
que se adquirió fue una matriz a la cual se iban añadiendo
subprogramas, sin embargo no había sido ensayado previamente por su
fabricante. La Comunidad hizo las funciones de «conejillo de
indias» y, a la vista de los hechos, pagó las consecuencias con
creces. Siempre según el testimonio de Mesquida, «la implantación
de este programa causó múltiples errores en el registro de cuentas,
provocó de forma indebida una suspensión sobre diversos expedientes
y les aplicó unos plazos de prescripción equivocados».
Mesquida explicó que «cuando la intervención de tributos quiso
reaccionar se encontró con que el expediente de sanción a Solares
de Simba (la empresa administrada por el periodista Pedro J.
Ramírez) ya había prescrito y era imposible cobrarla». La
Conselleria d'Hisenda, en respuesta a una consulta realizada ayer
por este diario, informó de que «no se investigará ni se llevará a
cabo ningún tipo de acción en este asunto porque ya ha prescrito y
no es posible cobrar la multa impagada». Las fuentes de Hisenda se
expresaron de este modo antes de conocer las explicaciones de
Mesquida. Juristas consultados por este diario explicaron el martes
que la no tramitación de una multa de esta cuantía sólo podía
explicarse a partir de la negligencia grave por parte de un
funcionario o, peor todavía, ser constitutiva de delito si se
demuestra mala fe.
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