José Ortega concluye que «hay base para la defensa» de Capellans ante la Ley de Costas

«Hay base para la defensa de las Casetes dels Capellans pero es muy difícil porque en Costas son muy obsesivos», sentenció el abogado José Ortega después de ver la zona de la playa in situ.

El portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas conoció ayer de primera mano el área de las viviendas que entrarían en el deslinde del dominio público marítimo-terrestre. Ortega recorrió el terreno acompañado de vecinos afectados y también de un geólogo.

«Costas actúa como un gusano en una manzana. Cuando ve el tejido fuerte y duro, se da la vuelta para ir al tejido débil», subrayó el abogado. Además, Ortega destacó que se trata de otro caso de agravio comparativo ya que «el hotel está pegado a las casas y no entra en el deslinde», refiriéndose al complejo que se encuentra al lado de la zona de las Casetes.

La Asociación de Vecinos dels Capellans tiene que decidir ahora si contratan el experto en deslindes para llevar a cabo la defensa. «Estamos muy animados y lucharemos por las Casetes. Seguro que ganaremos», manifestó uno de los vecinos, Carlos Ramis.

Durante la jornada de ayer, el letrado también visitó Tuent y, después de conocer la situación de can Ganxo, aseguró que «la actuación de Costas en Tuent es simplemente ilegal». Así de contundente se mostró el abogado. Ortega se entrevistó con los propietarios de can Ganxo porque también tenían que decidir si le autorizaban a empezar acciones inmediatas para parar «en el último minuto» la demolición, en estos momentos paralizada por un juzgado.

Ortega indicó que «can Ganxo tenía todas las condiciones para obtener una concesión de Costas cuando los propietarios la pidieron y, como respuesta, recibieron una orden de demolición. Este hecho es ilegal y un abuso en muchos aspectos». Ortega lo ejemplificó de manera gráfica: «No hace mucho en un país africano condenaron a cadena perpetua a dos personas. Los condenados recurrieron la sentencia y la respuesta del tribunal fue condenarlos a muerte. Esto es lo que hizo el Ministerio con los propietarios de Can Ganxo».