Los familiares de discapacitados del Raiguer, anunciaron ayer que no van a rendirse

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«Bajo ningún concepto podemos aceptar que se cierren los servicios de que disponen los discapacitados psíquicos. Cada uno de nosotros ha pagado hasta el último impuesto, cada familia ha sufrido. No podemos aceptar que un Govern de nuestras Illes nos cierre las puertas de esta manera. Nuestros familiares tienen derecho cada día a ir a un centro ocupacional, a un centro de día... No podemos aceptar la estupidez de un gobierno que nos cierra las puertas». La presidenta de la Asociación de Familiares de Discapacitados de la Comarca de Inca, Antonia Torrens, resumía ayer tarde con estas palabras el sentir de las cerca de 300 familias de la comarca afectadas por los recortes presupuestarios del Govern que amenazan con obligar a suspender servicios indispensables para los discapacitados como son la atención temprana, el centro de día, los talleres ocupacionales y en última instancia las residencias.
Los familiares y discapacitados psíquicos de la comarca de Inca no van a rendirse. Reunidos en el colegio Joan XXIII acordaron anoche trasladar su protesta el próximo martes a las 11:00 ante el Parlament junto al resto de colectivos de discapacitados de Baleares afectados.
El presidente del Patronato Joan XXII, Bernat Tomàs, flanqueado por Miquel Batle y Joan Prieto, fue el encargado ayer tarde de exponer a los usuarios la problemática que afecta a la fundación a la que las instituciones públicas adeudan 1.080.000 euros. «El Govern nos ha dicho que a partir de enero empezará a pagar el gasto corriente lo que quiere decir que el 22 de febrero cobraremos el mes de enero pero de lo que nos deben (1.080.000 euros) y de lo que nos deberán de aquí a final de año (1.800.000 euros) no nos dicen nada. Nosotros no podemos aguantar y el personal tampoco», explicó Tomàs.
El patronato no tiene dinero para pagar las nóminas de sus trabajadores (180) a partir de octubre por lo que si el Govern no cede a sus demandas los recortes serán inmediatos.