Suciedad tras el botellón en Cala Rajada. | N.R.

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Desde que en noviembre de 2009 entró en vigor la normativa antibotellón de Manacor, unos 100 jóvenes han condonado sus sanciones económicas por trabajos sociales.

La Policía Local cursó unas 90 denuncias durante el 2010 pero este año se ha registrado un notable descenso al interponerse tan sólo 30. Una cantidad que refleja el éxito de la ordenanza que ha conseguido reducir los focos de botellón en Manacor y Porto Cristo, así como las consecuentes molestias a los vecinos por los ruidos.

La mayoría de las sanciones han sido leves y alguna de ellas graves, y oscilan entre los 400 a los 750 las primeras y entre 750 y los 1.500 las segundas. De momento no se ha interpuesto ninguna de muy grave.

Así, la mayoría ha optado por condonar el importe económico por servicios a la comunidad que vienen determinados por la comisión técnica antibotellón formada por miembros de la Policía Local, Servicios Sociales y Cultura. Según la gravedad de la denuncia se realizan diferentes horas. Es decir, las leves se anulan con 20 horas de servicio a la comunidad y las graves con 35.

De esta manera, los jóvenes han realizado diferentes labores en las dependencias policiales, de apoyo a los servicios sociales, en el departamento de Cultura y en la brigada municipal en labores de mantenimiento. Según datos de la Policía Local, la mayoría de los denunciados cuenta con una edad comprendida entre los 18 y los 30 años, aunque hay que destacar la presencia de algún menor cuyos padres son los responsables últimos.

El perfil

El perfil no está definido ya que, a pesar de que se trata de personas jóvenes, su profesión no siempre está asociada a la de estudiante con pocos recursos económicos. Se ha dado la circunstancia de denunciar a un profesor, un recepcionista de hotel o a un mecánico.

Desde el Ajuntament de Manacor se destaca la efectividad de la ordenanza antibotellón que ha permitido la reducción de esta práctica en la ciudad y en la zona costera de Porto Cristo, así como ha garantizado el descanso de los vecinos que habitan cerca de las zonas de ocio nocturno.

Para controlar el cumplimiento de la normativa, la Policía Local actúa de oficio patrullando en zonas donde la práctica es habitual y también gracias a las denuncias de los ciudadanos.