La Sala de lo Contencioso–Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ratificó en mayo una sentencia anterior que anulaba la concesión del servicio de agua potable y alcantarillado a la empresa Aqualia, que realiza este servicio en Sóller desde el año 2005.
Pero, a pesar de la gran trascendencia que podría tener esta resolución judicial en las arcas municipales, el equipo de Gobierno de Sóller, del PP, la «ocultó» a la opinión pública y al resto del Consistorio. Así lo denunciaron ayer los tres portavoces de la oposición, Catalina Esteva (Progressistes), Miquel Gual (Entesa) y Josep Lluís Colom (PSOE), que calificaron de «muy preocupante» esta sentencia que han podido conocer hace tan solo unos días, después de haberla obtenido «extraoficialmente, ya que el PP en ningún momento nos la ha proporcionado».
Los representantes de la izquierda reconocen que esta sentencia «no anula todo el concurso de privatización del servicio de agua y alcantarillado», sino solamente su adjudicación, obligando al Ajuntament a «elevar otra propuesta de adjudicación a favor de la proposición más ventajosa de entre las presentadas, debiendo ofrecerse de manera explícita los criterios de baremación y ponderación utilizados» así como «el método de cálculo empleado para el otorgamiento de las respectivas puntuaciones».
La oposición recuerda que en el mes de marzo del 2005 «la adjudicación a Aqualia se acordó en un pleno urgente y sin comisión informativa previa ni informes del ingeniero ni del interventor municipales».
Este acuerdo fue recurrido por el PSOE y por otra de las empresas licitadoras, SOREA, que consideraba su oferta más ventajosa, interponiendo finalmente un contencioso. La oposición teme ahora que si, como resultado de la nueva baremación, resulta que Aqualia no debería haber ganado el concurso, las responsabilidades económicas podrían ser «millonarias».
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