Margalida Ramis, portavoz del GOB.

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El GOB y Junts Avançam presentaron a principios de octubre una denuncia en el Ajuntament de Pollença contra las obras de demolición del Hotel Formentor. Aquella denuncia ha dado lugar a una orden de paralización de obras que este jueves aún no se ha hecho efectiva. Los trabajos continúan.

¿Cuándo y por qué decide el GOB cuestionar la legalidad de las licencias del hotel Formentor?
— Básicamente habíamos seguido de cerca la tramitación de estas licencias. El GOB ya hace tiempo que venía advirtiendo que las parcelas de la urbanización no tienen la condición de solar porque hay una parte de proyecto de urbanización que no se ha llegado a ejecutar. Hace años que las cosas que se hacían en Formentor no nos parecían claras. Basta recordar lo que pasó con Villa Cortina. Tal y como dice el Plan General de Ordenación Urbana la parcela del Formentor no se puede tratar de manera aislada. Así se lo advertimos al Ajuntament de Pollença pero pasó de nosotros y no nos permitió acceder al expediente del hotel. Pedimos la revisión de oficio de las licencias y la paralización de las obras porque estaban incumpliendo su propio plan general. Hemos constatado que había cesiones de terrenos que no se habían hecho y eso está explicado en el comunicado que publicamos en nuestra web el 3 de octubre. ¿Eso quiere decir que el Ajuntament no podía dar las licencias? ¿Que las licencias eran ilegales? No. No es tanto eso, sino que no se habían tramitado de forma correcta y el propio Ajuntament incumple su plan general.

Las licencias se dieron con todos los informes técnicos a favor...
— Sí. No estábamos en ses Covetes o Llucalcari, casos en los que había licencias nulas de pleno derecho, sino ante un procedimiento mal tramitado. Ahora se ha escrito un episodio más. Four Seasons va y hace una demolición integral. Junts y el GOB presentamos una denuncia en el Ajuntament contra la demolición. Advertimos de una infracción urbanística leve (no estaba a la vista la licencia) y de la demolición (grave).

Four Seasons os llevó hace un año a los tribunales por vuestras afirmaciones y os retractasteis. Ahora os ha mandado un burofax pidiendo la retirada del último comunicado ¿Rectificareis?
— A ver nosotros les nominamos al premio Ciment antes de que ellos hicieran la cagada de demoler el hotel. Entonces solo advertíamos al Ajuntament de que daba la licencia de forma irregular. Hubo una nominación a la propiedad y le llegó una carta firmada por nuestro presidente Amadeu Corbera en la que él explicó las cosas como si envistiéramos al fondo inversor cuando a quien pedíamos explicaciones era realmente al Ajuntament. Hubo un acto de conciliación en el que Amadeu reconoce que la crítica en ese momento no era contra la propiedad sino contra el Ajuntament, si bien es cierto que les nominamos a ellos. La carta estaba en un tono no apropiado y lo hemos de reconocer no estaba bien hecha. En el acto de conciliación reconoce el error en este sentido. Después de esto dimos el tema por cerrado. Ellos demuelen y es cuando publicamos el comunicado del 3 de octubre y presentamos denuncia en el Ajuntament. Nos llegó un burofax que dice que si en 72 horas no retiramos el comunicado volverán a emprender acciones. Pero esta vez no es lo mismo, de aquí no nos movemos. Ahora sí es la empresa la que la ha cagado. No nos pueden coaccionar.

¿Habrá una nueva nominación al Premi Ciment?
— Podría pasar, acabamos de lanzar la convocatoria. Todos los escenarios son posibles.

¿Cuál es vuestro objetivo? ¿Que no se reconstruya el hotel?
— Nuestro objetivo es la legalidad urbanística, no ir contra la promotora o el hotel en sí. Es un espacio sensible que el Ajuntament tiene en situación de irregularidad permanente. Ya con Barceló había denuncias por el aparcamiento, talas... constantemente no se ha actuado cuando el propietario ha sido el hotel. Incluso dentro de la parcela del hotel hay pequeñas viviendas unifamiliares sin licencia. Vamos a ver hasta qué punto los ayuntamientos son garantes de la legalidad o de los intereses de una empresa, por mucho prestigio que dé al entorno. El decreto de Alcaldía dice que se ha enviado al celador y se ha constatado la demolición integral y saben que no tienen licencia de demolición. Cuando se hacen inversiones tan bestias es importante vigilar que se hagan con garantías. Ahora nos dicen que podremos acceder al expediente de la licencia (como entidad declarada de utilidad pública). Vamos a ver qué pasa. Si de aquí a un tiempo nos aseguran con papeles, avalados por los informes técnicos que las obras se hacen legalmente, nos gustará más o menos lo que se ha hecho, pero ¿qué le vamos a hacer? Estamos ante un procedimiento que quizá será posible subsanar pero es un procedimiento que no se está haciendo de manera cuidadosa. Se hace como tantas cosas en Mallorca, con la ‘lógica’ de no poner dificultades a lo que hacen los inversores. Nosotros defendemos que las normas son iguales para todos. No somos una república bananera.