La protesta de 300 vecinos para reclamar el carácter público del Camí de Passatemps llegó este martes un juzgado de lo Penal. Uno de los participantes en la marcha está acusado por un delito de coacciones por parte de la propiedad de la finca que sostiene que se trata de un camino privado. La Fiscalía reduce la gravedad penal de los hechos a un delito leve de coacciones. Ambas acusaciones solicitan una condena de multa para el activista acusado que sostiene que el procedimiento «es una persecución» por parte de la propiedad.
Acusado de un delito de coacciones por una protesta por el Camí de Passatemps
La Fiscalía sostiene que se rompió un candado para una marcha con 300 participantes
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Y en el castillo de Bellver no hay nadie, las barreras y los candados los abre un juzgado y los precinta la propiedad privada hasta que se demuestre lo contrario es inviolable.