EditorialPalma02/06/22 8:47
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El escrito de calificación de la Fiscalía del ‘caso Cursach’, cuya apertura del juicio oral está prevista para el próximo día 12 de este mes, retira las acusaciones para siete imputados y descarta muchos de los detalles más escabrosos que adornaban la instrucción que realizaron el juez Penalva y el fiscal Subirán; ambos investigados por el TSJIB. Las consecuencias personales y económicas de aquella investigación han sido muy graves para sus protagonistas, aunque ahora la Fiscalía trate de reconducir aquellos excesos. El escenario hiperbólico de corrupción que presuntamente sostenía el ‘caso Cursach’ se ha rebajado en los prolegómenos de uno de los asuntos más mediáticos de las últimas décadas en las Islas.

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Fantasía judicial irrefrenable.

La caótica instrucción del ‘caso Cursach’ está en la raíz de la situación actual. Cabe preguntarse por las razones por la que se tardó cuatro años en detectar cómo funcionaban el juez Penalva y el fiscal Subirán y ahora esperar que el TSJIB decida de una vez si deben ser juzgados por gravísimos delitos como detención ilegal o coacciones a testigos. En la causa hubo piezas bajo un secreto de más de cuatro años, imputaciones gratuitas e incluso descripciones de delitos y comportamientos inexistentes; pura fantasía judicial sin freno vulnerando todas las garantías procesales. Mientras, los desastres personales, políticos y empresariales se sucedían al amparo de unos hechos que carecían de los mínimos de verosimilitud exigibles en un asunto de esta gravedad y características.

Un juicio justo.

El nuevo rumbo del ‘caso Cursach’ debe permitir la recuperación de las garantías de imparcialidad de nuestro modelo judicial, el cual se debe centrar en aclarar sobre si el empresario y los agentes implicados de la Patrulla Verde de la Policía Local de Palma cometieron algún tipo de irregularidad y si fueron instigados para ello. Esto es lo que debe quedar dimensionado y contrastado en el juicio en la Audiencia.