EditorialPalma09/03/23 0:29
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El Ajuntament de Palma ha tomado, por fin, conciencia de la necesaria rectificación en el servicio de notificación de multas de tráfico a la vista de las numerosas irregularidades denunciadas. La actual empresa encargada de los envíos, CI Postal, acumula un rosario de incumplimientos –algunos de ellos muy graves– que deben ser aclarados hasta las últimas consecuencias. El abandono de comunicaciones en vertederos, como reveló este diario, refleja una clara desatención de la labor de supervisión por parte del propio Ajuntament como la gestión deficiente de la empresa. No estamos ante un problema puntual, el deterioro del servicio se arrastra desde hace tiempo, y eso a pesar de las protestas ciudadanas.

Más dinero.

Una cuestión queda clara. La adjudicación del servicio supondrá un incremento de 3 a 5,2 millones anuales, dato que implica la infravaloración con la que Cort pretendía que se prestase la distribución de las notificaciones municipales en todo el término. La privatización de determinadas obligaciones de la Administración, en este caso del Ajuntament de Palma, no debe suponer una merma en su calidad a costa de un abaratamiento desmedido. El súbito aumento de 2,2 millones de euros en el nuevo concurso refleja que, desde un primer momento, no se hacían bien las cosas en un tema tan delicado como es el de la notificación de las infracciones de tráfico.

Control municipal.

El perjuicio ocasionado a las arcas municipales por esta falta de celo es ya incalculable, son miles las notificaciones irrecuperables por haber quedado fuera de plazo y sobre las que quizá sea necesario adoptar alguna medida excepcional. Sin embargo, sí es preciso reclamar que a partir de ahora los responsables en Cort hagan un seguimiento sobre la diligencia con la que el nuevo adjudicatario presta el servicio y que pagan todos los ciudadanos.