Editorial09/04/23 0:29
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Son Sant Joan se ha convertido en un enclave en el que se evidencia la facilidad con la que se burla la legalidad en materia de transporte público de pasajeros, la proliferación de taxis, minibuses y VTC que operan de manera pirata crece año tras año a pesar de las denuncias del sector. Las medidas aplicadas se han demostrado inoperantes, los vehículos sin licencia recogen a los pasajeros mediante canales paralelos de contratación; todo un submundo que genera pingües beneficios y que supone un serio riesgo para la buena imagen de la Isla como destino turístico. Basta imaginar las consecuencias de un accidente grave en el que concurran estas circunstancias, la situación merece la atención de las autoridades y la adopción de severas medidas de control.

Una demanda desbordada.

Abordar el problema requiere, como premisa inicial, delimitar las causas que lo generan y en este capítulo de preciso situar de manera prioritaria la notable incapaz de la oferta actual del transporte reglado para atender la punta de demanda que se genera durante la temporada alta. La escasez de taxis en Palma es ya crónica, a pesar de las medidas coyunturales que se han arbitrado para esta campaña, una situación que se comparte con otras modalidades como los de minibuses o VTC. El veto del Govern a la entrada de las plataformas del transporte VTC, como sería el caso de Uber, abre la puerta a la búsqueda de alternativas al margen de la normativa vigente para saltarse todas las restricciones.   

Arbitrar soluciones.

La ilegalidad se convierte en norma. Palma hereda una situación idéntica a la que se viene produciendo en Eivissa. Las instituciones deben ser valientes en la    toma de decisiones, liberarse de las presiones interesadas y atender el interés de los ciudadanos. Mientras, consentir este escenario de ilegalidad es una actitud temeraria que no puede prolongarse.