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Desde su fundación y posterior eclosión en la arena política, Vox ha ido adquiriendo una notoriedad equiparable a la de otros partidos europeos de la extrema derecha. Su pujanza no es un fenómeno aislado, sino la réplica de un movimiento que se ha ido cocinando a fuego lento. En el caso de la formación de Abascal, salvo el estancamiento en Andalucía, hasta hace poco todo habían sido buenas noticias. Cronológicamente, su entrada en el gobierno de Castilla y León marcó un punto de inflexión, un paso al frente que tuvo un mayor impacto en las autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo.

Cambio de estrategia.

Los comicios del 28-M convirtieron a Vox en un actor clave. Obtuvo representación en todas las comunidades y pasó a ser crucial para el PP en seis comunidades, entre ellas algunas de las plazas más codiciadas, como la Comunitat Valenciana, Aragón o Balears. Su crecimiento en las urnas trajo consigo un cambio de estrategia. Con el modelo castellanoleonés como referencia, decidió irrumpir en todos los gobiernos autonómicos y el PP no le puso demasiadas trabas. A excepción de Murcia, donde el acuerdo ha sido imposible, y Balears, la formación de Abascal ha logrado áreas de poder significativas y acuerdos programáticos relevantes en el resto de autonomías.

Crisis interna.

Apenas unos meses después, el crecimiento y expansión de Vox frenó de forma abrupta en las elecciones generales del 23-J, donde se dejó por el camino 19 diputados. Lejos de ejercer algún tipo de autocrítica, Abascal culpó directamente a Feijóo del naufragio. El resultado avivó la lucha interna en el partido, donde su facción más moderada, representada por Espinosa de los Monteros, llevaba tiempo chocando con la facción más dura (Jorge Buxadé e Ignacio Hoces), la que lidera el sector más ultracatólico. Espinosa decidió ayer tirar la toalla. La crisis en Vox es evidente, igual que su nuevo rumbo.