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Volvemos a la locura de la ilógica. España se blinda en Semana Santa, pero lo hace sólo para los nacionales. Baleares y Canarias se mantenían abiertas, lo que implicaba que sólo podían moverse los insulares de uno a otro archipiélago. Ahora, ni eso. Después de anunciar el cierre de las islas del Atlántico, nuestra Comunidad se ha sumado al cierre perimetral. En la práctica hay hermetismo total para la libre movilidad nacional. Las medidas aplicadas significan que en todo el país se impiden los viajes de ciudadanos entre autonomías, pero, sin embargo, cualquier turista extranjero puede acceder. Da igual si procede de un territorio con una tasa de incidencia disparada. Si el requisito es una PCR negativa, ¿qué problema hay con la movilidad de nacionales si se les exige la misma condición?

Hasta Bruselas ha dado un toque a España reclamando «coherencia» en las restricciones a viajes que aplica dentro y fuera de su frontera, porque, claro, el virus no conoce la nacionalidad de sus víctimas y, en cualquier caso, lo que habría que temer es la importación de nuevas cepas. La incongruencia es del Gobierno, que es quien tiene potestad para prohibir el acceso de visitantes transfronterizos. Y la misma ilógica se practica en Alemania, donde Merkel confía en que su disciplinada población haga caso de sus recomendaciones, que siempre suenan mejor que las prohibiciones. Pero olvida la pasión de los germanos por Malle .

Las autonomías se encuentran con la extraña posición de poder decretar el cierre perimetral para frenar entradas de ciudadanos de otras regiones españolas, pero no de europeos, por ejemplo. En esta tesitura, la única opción es un efectivo control sanitario, porque si no, sí se corre el riesgo de perder la temporada estival. Letal para la economía balear. O sea que será pan para hoy y hambre para mañana, con la sombra de una cuarta ola que ya amenaza a Europa con datos reales. Por eso es indispensable que al menos, si se decide abrir los brazos a los visitantes, se verifiquen todos y cada uno de los accesos a nuestra comunidad, como ha pedido Negueruela al Gobierno. No vale la exigencia de las pruebas médicas y que corra el mensaje de la comprobación aleatoria y mínima.

Todo esto ocurre mientras el ritmo de vacunación en Baleares alcanza sólo a un 3,2 % de la población, se cuestiona la seguridad de las dosis de AstraZeneca en toda Europa y se registran nuevas cepas importadas. Y mientras se perpetúa el sacrificio de residentes con estrictas medidas. El control sanitario no podrá limitarse a la entrada en nuestra región porque entonces la discriminación hacia los turistas españoles y los residentes superaría el concepto de movilidad, despojados sine die de nuestras relaciones sociales y vitales.