La inminencia de unas elecciones provoca reacciones disparatadas entre los políticos, capaces de cualquier cosa con tal de poder alcanzar la victoria –siempre en términos de acceso al poder– de su partido. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no es una excepción. De cara al próximo 28-M, menos de un mes por tanto, ha decidido prometer la construcción de decenas de miles de viviendas a precio asequible, tanto en régimen de compraventa como de alquiler. Poco le importan si los anuncios chocan con una realidad que le desmienten, empezando por los inmuebles de la SAREB o por un suelo público que la legislación obliga a vender a precio de mercado. Humo, humo y más humo. En descargo de Sánchez hay que señalar que después de los próximo comicios nadie se acordará de tanta promesa incumplida, aunque siempre le quedará el recurso de responsabilizar a los empresarios de la situación.
para alimentar el debate, el Gobierno ha sacado adelante una ley de vivienda que lejos de resolver o paliar el problema lo agrava. No he logrado encontrar a ningún experto que apoye el texto aprobado, hay una coincidencia unánime en señalar que el nuevo marco jurídico invita a retirar mucha oferta de inmuebles para alquilar debido, en buena medida, a la protección de los inquilinos morosos. La cosa todavía se agrava más cuando se trata de una okupación, fenómeno que da la impresión que se quiere fomentar a tenor de las condiciones que se le exigen al propietario para poder iniciar el desahucio. Tanto en un supuesto como en el otro los plazos de ejecución del lanzamiento se demorarán, como mínimo, varios meses más. ¿Así pretende fomentar el Gobierno el mercado del alquiler en España?
Pueden dar por seguro que las propuestas gubernamentales apenas tendrán incidencia en Balears y por eso reclamo más análisis crítico a Francina Armengol ante el problema más importante que tiene la sociedad balear. El propietario reclama seguridad jurídica y garantías frente a los inquilinos morosos y los okupas, los precios bajarán en el mismo momento en que la Administración ofrezca pisos con rentas asumibles por las clases medias y las más desfavorecidas. Esta es la dura realidad que el Govern se resiste a denunciar. Sólo los terrenos de los cuarteles de Son Busquets ha obligado a desembolsar 43,2 millones de euros al Ministerio de Defensa. Por el solar de Can Domenge –580 viviendas de lujo– la promotora abonó 8 millones de euros.
Elecciones abiertas
A medida que se aproximan las elecciones del 28-M crece la incertidumbre sobre su resultado, y es que todo indica que los gobiernos de las principales instituciones se dirimirán por un puñado de votos y pocos escaños. Balears parece quedar al margen de los grandes vuelcos electorales que se vaticinan para otras plazas españolas. La excepción podría ser Palma, pero con cautelas. Desbancar a las fuerzas progresistas del Govern no será fácil, como bien intuye Marga Prohens y su entorno, la clave puede estar en si los regionalistas obtienen o no representación. Ningún partido da muestras de euforia ante una cita que deja abiertas demasiadas opciones.
1 comentario
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La caverna mediàtica diu que és una llei que fomenta la morositat i l'okupació però no hi ha cap article de la llei que en faci referència, cap article d'opinió que justifiqui el que diu.. no deu ser que no és veritat i que la dreta no té més arguments que mentides?