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El grupo de Vox en el Parlament ha saltado por los aires, aunque no resulta fácil aclarar los motivos por los que la ultraderecha oficial se ha quedado (de momento) con sólo dos diputados, entre ellos el presidente Gabriel Le Senne. Lo ocurrido es la constatación de los peligros que entrañan las formaciones políticas surgidas de los escombros de otras, las vanidades se acaban imponiendo sobre las ideas; y más cuando éstas son confusas. A expensas de lo que pueda ocurrir en los próximos días, resulta obvio que la rebelión del Parlament queda contenida en el Salón de las Cariátides; la onda expansiva no ha alcanzado al resto de instituciones.

Lo sucedido es una magnífica oportunidad para que el Partido Popular aclare las condiciones del apoyo parlamentario de Vox al Govern, la gestión de la presidenta Marga Prohens no puede quedar al albur de unos tránsfugas. Y menos cuando la escisión carece de una motivación clara por parte de los insurrectos, sería un grave error de la dirigente de los conservadores de las Islas transmitir la sensación de que se es complaciente con lo ocurrido; por complejo que sea el nuevo escenario.

Un error del PP balear ahora puede tener graves consecuencias en el futuro. Vox es un partido en proceso de descomposición, pero tampoco está claro que desaparezca a corto o medio plazo. Basta ver lo ocurrido con Podemos, cuyo hundimiento electoral ha propiciado la creación de su versión light de la mano de Yolanda Díaz. La ultraderecha ha llegado para quedarse un buen rato, la cuestión es que el PP sepa -y quiera- acotar su espacio; por eso debe aprovechar todas las oportunidades. Como la de ahora. Lo ocurrido se está convirtiendo en un auténtico entremés, una pieza teatral que retrata a todos y cada uno de sus actores. Hasta ahora habíamos conocido monologuistas tragicómicos, cuya aparición se remonta a la primera legislatura autonómica, la novedad de ahora es que ya tenemos un elenco más numeroso. La función no para nunca.

Sánchez, juez y parte

Los despropósitos de Pedro Sánchez a cuenta de la ley de amnistía están alcanzando unas cotas inimaginables, hasta el punto de ser él el que determina si unos actos pueden ser o no tildados de terrorismo; una tarea que compete en exclusiva a los jueces. El contorsionismo político que practican Sánchez y Carles Puigdemont desde sus respectivas posiciones son bochornosas, dejan en evidencia que ambos sólo defienden sus respectivos intereses y ambiciones personales; ambos están dispuestos a someter cualquier circunstancia al cumplimiento de sus objetivos. Lamentable. Y en este escenario es preciso evidenciar el papel protagonista que se atribuye la presidenta de Congreso, Francina Armengol, cuyo sometimiento a los intereses del Gobierno en esta materia pone en entredicho su imprescindible ecuanimidad en el desempeño del cargo. Está claro, ella no es Fèlix Pons ni por asomo, como tampoco lo pretenden sus conmilitones con sus apresurados análisis en las redes sociales. Sánchez ha subido el precio por ocupar un sillón en el poder, además de sumisión (en el argot se equipara a la lealtad) también se exige humillación en la veneración al líder. Quizá el campeón sea el fogonero Oscar Puente, pero no duden de que aquí también los hay como alumnos dispuestos a sacar nota.