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El matrimonio, de conveniencia, entre el Partido Popular y la ultraderecha no funciona. A medida que avanza la legislatura se constata que los conservadores y Vox son una alianza predestinada al fracaso; y más cuando en la formación más potente no hay liderazgo. El caso balear es paradigmático, la centuria de Santiago Abascal marca el paso a Marga Prohens en materia lingüística y, de paso, oscurece el conjunto de la gestión que realiza el Govern. De hecho, llama la atención como ya se han apagado los rescoldos del entremés interno de Vox y con todo el desparpajo del mundo el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, impone de un plumazo el bilingüismo -en favor del castellano, obviusly- en la institución. Poco a poco, el PP se hunde sin remedio en el chapapote lingüístico supongo que con la vana pretensión de que el tema pase desapercibido en 2027. Craso error. El sentimiento tiene un enorme peso electoral.

Tampoco puede decirse que esta sea una actitud exclusiva en la política balear. El funanbulismo del Gobierno central para mantenerse en el poder no tiene desperdicio. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, PSOE y Sumar, respectivamente, tragan todo y lo que haga falta con tal de garantizarse la permanencia. La amnistía provocará una nueva tanda de concesiones a Junts y Carles Puigdemont, luego vendrán las añadidas a la aprobación de los próximos presupuestos generales del Estado. El portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso, Aitor Esteban, ha pronosticado un máximo de dos años de legislatura. Los esfuerzos del PSOE por justificar lo injustificable penden de la realidad jurídica y eso, de momento, no queda bajo su control. Afortunadamente.

La polémica generada a cuenta de las manifestaciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el indulto y la amnistía tiene mucho de artificial. El PP siempre ha denunciado que la concesión de los indultos fue gratuita, entre otras razones porque no se exigió garantías de que los independentistas no volverían a saltarse la ley. Otro tanto ocurre con la amnistía, de por lo menos dudoso encaje constitucional, cuya concesión en nada blinda al Estado de nuevos ataques a su ordenamiento jurídico. Cuesta acostumbrarse a que en el ataque político todo valga, y más cuando se está en plena confrontación electoral.

El campo no calla

españa es de los pocos países de la Unión Europea que todavía tiene abierto el conflicto con los agricultores, incluso tras el encuentro de los dirigentes de las organizaciones del sector con el ministro del ramo, Luis Planas. Con esta actitud deduzco que el Gobierno epera a que se produzcan problemas serios de abastecimiento o que, en el peor de los casos, los ciudadanos se rebelen violentamente contra los agricultores en algún atasco. El hartazgo de los payeses europeos está más que justificado, resulta imposible competir en un mercado viciado en el que no se exigen las mismas normas en función de su procedencia. La denuncia es más que sensata y a la que la Comisión que preside Ursula Von de Layen debería ser mucho más receptiva, ahogar el sector primario de la UE es ponerse la soga al cuello para las próximas décadas. Al tiempo.