Catalunya debe tener la capacidad de recaudar y decidir sobre el destino de los recursos que genera con el objetivo de potenciar la competitividad de su economía y situar el bienestar y el progreso de los ciudadanos al nivel de su esfuerzo, sin eludir la colaboración razonable en el equilibrio y la solidaridad territorial». Esta frase es la síntesis del manifiesto a favor de la gestión de los recursos propios lanzado recientemente por el colectivo Economistes pel Benestar (formado por Albert Carreras, Joan B. Casas, Francesc Raventós, Daniel Quer y Josep Reyner) y suscrito por una veintena de colegios profesionales catalanes y por entidades como las Cámaras de Comercio de Barcelona, Girona y Sabadell, PIMEC, AMEC Positive Industry, Cecot o FemCat.
El documento enumera las crisis que hemos concatenado en los últimos 15 años -inmobiliaria, del euro, ajustes obligados en el nivel de endeudamiento y déficit de las cuentas públicas, la pandemia de COVID-19, la guerra de Ucrania y la espiral inflacionista- y ofrece datos que apoyan su postura. Son precisamente tres las cifras anexas al manifiesto que me han llamado la atención no por su afectación a la economía catalana, sino a la balear.
En primer lugar, consideran «excesiva» la aportación neta de Catalunya a la solidaridad y al equilibrio territorial español con un déficit fiscal del 8,7 % en 2005, cuando en Balears era del 14,2 %.
En segundo término, constatan que la distribución de los recursos públicos a España es «injusta e insuficiente» en relación con las necesidades de la economía y la sociedad catalanas en un contexto mundial altamente competitivo. Se basan en el Índice de Progreso Social, que la Comisión Europea calcula para todas las regiones de la UE a partir de 50 indicadores. En su versión de 2020, Catalunya se sitúa en la 12ª posición de este índice de las comunidades autónomas, y Balears es la 13ª.
Y como tercer dato, destaca el modelo de financiación, «totalmente insuficiente e injusto». En el año 2020, Balears era la tercera comunidad con mayor capacidad fiscal, con 2.759 euros por habitante. Los recursos totales recibidos eran de 2.550 euros por habitante, bajando a la novena posición. Y si se cifran los recursos totales con Paridad de Poder Adquisitivo caía hasta el undécimo puesto, con 2.513 euros por habitante. Catalunya fue segunda en capacidad fiscal, décima en recursos recibidos y decimocuarta en recursos recibidos en PPA.
En noviembre de 2023, el pacto entre PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez supuso la condonación de 980 millones de euros de deuda del Govern al Gobierno central, el 20 % de lo que se debe a Madrid. Una deuda que probablemente no hubiera existido de tener Balears un sistema fiscal justo.
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Duplicar població cada vint anys i mentrestant pagar el 15% a Espanya és insostenible. Amb aquest 15% podríem tenir serveis públics de qualitat, podríem tomar els hotels que impedeixen la regeneració dunar i assegurar-mos les platges, posar transport públic..